■ Rechazo unánime al pago de colegiaturas, legado de la huelga más larga de su historia

Cobrar cuotas no ayuda a las finanzas de la UNAM y agobiaría a estudiantes

■ Casi una década después miembros del CGH reconocen errores y fracturas en el movimiento

Laura Poy Solano

El tiempo no altera, en ciertos temas, las convicciones. A casi una década del inicio de la huelga más larga –297 días– que ha vivido la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la institución se mantiene una coincidencia: no deben imponerse cuotas de inscripción y colegiaturas en la institución.

Ayer viernes se cumplieron nueve años de la ocupación de Ciudad Universitaria por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Varios integrantes de la comunidad hicieron su balance de ese movimiento.

Manuel Peimbert Sierra, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM e investigador emérito, consideró que la huelga en contra del incremento a las cuotas propuesto por el entonces rector, Francisco Barnés de Castro, “nos obligó a pensar en problemas como la cobertura del sistema educativo y la distribución de la riqueza, y tratar de buscarles solución”.

Cobrar cuotas, apuntó, “únicamente produciría una fracción muy pequeña del gasto de la UNAM, pero en muchos casos dificultaría las condiciones de vida de los estudiantes y propiciaría el abandono de sus estudios”.

El astrónomo, quien participó en el grupo de investigadores eméritos que propuso una salida negociada al conflicto, destacó que en esa época la cobertura en bachillerato y licenciatura alcanzaba 30 y 12 por ciento, respectivamente.

Una década después, la cobertura se incrementó a 55 por ciento en educación media superior y a 24 por ciento en superior, por lo que “ha quedado claro para la UNAM, el gobierno federal y del Distrito Federal que en lugar de cuotas se debe apoyar a los estudiantes con becas, las cuales mejoran su rendimiento y disminuyen la deserción escolar”.

Sin embargo, advirtió que en el problema de la distribución de la riqueza la situación es similar a la de entonces. “Necesitamos una acción más fuerte del Estado para corregir esa situación”.

Higinio Muñoz, ex dirigente estudiantil e integrante del entonces Consejo General de Huelga (CGH), señala en retroespectiva que la importancia histórica del movimiento “es más clara que antes”. La comunidad, enfrentó “no la decisión de un rector de imponer el cobro de cuotas, sino la intención de aplicar un plan económico del Estado que abarcaba áreas estratégicas, como la educación”, afirma.

Durante los primeros meses del movimiento se contó con el consenso de la comunidad que rechazaba el incremento de cuotas, pero con el paso del tiempo se perdió la principal fuerza del mismo, que fue su capacidad de unidad y la representatividad, admitió Muñoz.

Recordó que la primera gran fractura del movimiento ocurrió cuando un “sector de compañeros negoció una salida al conflicto sin tomar en cuenta a las asambleas. A partir de ahí vino una confrontación muy dura, lo que finalmente nos llevó al debilitamiento”.

Dijo que en julio de 1999, cuando la huelga duraba más de tres meses, surgió una propuesta de ocho eméritos para buscar una salida al conflicto, pero ésta se presentó en un momento muy difícil, “lo que impidió al CGH tomar una posición correcta; se rechazó una alternativa a la que más tarde se irían sumando muchos otros universitarios”.

Esta decisión “distanció al CGH de un gran sector de los universitario”, proceso que se transmitió a las organizaciones sociales y sindicales, que a finales de 1999 “también se distanciaron. Quedó claro el mensaje de cómo se veía el movimiento desde fuera de la UNAM”.

Fue una sandez

Por su parte, Helena Beristáin Díaz, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas, afirmó que durante los 297 días del paro estudiantil se vivió un periodo muy triste, porque “los profesores nunca somos partidarios de un paro o huelga, aunque sea de un solo día, pues son como la guerra: una forma de interrumpir la tarea de la palabra, pero sobre todo son una sandez”.

Señaló que la función de las universidades, en especial las públicas, es “promover la paz, el acuerdo, la convivencia pacífica, la colaboración recíproca” e insistió que “el paro estudiantil demuestra que tenemos mala memoria. No aprendimos de la huelga de 1968, y se repitió”.