■ Es un signo de la manera torpe y ligera con que proceden en el caso, dice abogado del líder
La PGR y la cancillería se contradicen ante un juez por el caso Gómez Urrutia
La embajada de México en Canadá confirmó anoche que ya recibió la petición formal de extradición del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, al tiempo que en la ciudad de México la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República(PGR) cayeron en contradicciones ante un juez federal y dieron versiones opuestas respecto al mismo tema.
La PGR informó a un juez de amparo que en diciembre pasado se pidió al gobierno de Canadá la extradición de Gómez Urrutia, mientras que la cancillería rechazó que ya se hubieran formalizado los trámites diplomáticos para requerir a este dirigente, según dieron a conocer abogados del sindicato y fuentes judiciales.
De acuerdo con su versión, el juez federal Gilberto Romero ordenó ayer a ambas dependencias que en un plazo de 24 horas precisen sus informes, debido a que son confusos y contradictorios.
Un vocero de la embajada mexicana en Ottawa confirmó a la agencia Notimex en Canadá que el viernes pasado fue entregada a las autoridades de ese país la documentación jurídica y diplomática que ampara el pedido de extradición.
En tanto, el sindicato minero aseguró que “es evidente el desarreglo legal con el que el actual gobierno se maneja en su visceral y enconada, pero torpe, persecución” contra su dirigente, y dijo que la contradicción entre las dos dependencias oficiales confirma la “ligereza” con que se procede en este caso.
En su informe que envió el pasado lunes la PGR al juzgado décimo de distrito de amparo, la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora sostuvo que no es cierto el acto que reclamó Gómez Urrutia, respecto de que en los tres años recientes en que ha permanecido exiliado en Canadá las autoridades mexicanas no han pedido su extradición.
La cancillería mexicana, en cambio, rechazó ante el juez que ya se haya formalizado la solicitud de extradición, al responder que “no se ha dado trámite a ningún recurso jurídico internacional”, según consta en el expediente judicial de amparo 19/2009.
Hace dos días la PGR informó en un comunicado que en diciembre pasado se pidió a Canadá la extradición de Gómez Urrutia.
De su lado, el abogado del sindicato, Marco Antonio Del Toro, refirió a La Jornada que el juicio de extradición que está por enfrentar Gómez Urrutia en Canadá no quedará resuelto antes de un año, y resaltó que hay suficientes elementos para ganar el litigio internacional bajo el argumento de una persecución política.
A decir del litigante, una prueba contundente de que hubo un “complot” político para incriminar al líder es la declaración que en febrero de 2007 hizo el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, cuando afirmó que el presidente Vicente Fox le pidió enviar a prisión a Gómez Urrutia con el objetivo de “distraer la atención” sobre el accidente en la mina Pasta de Conchos.
Cuestionado respecto a la posibilidad de que el gobierno de Felipe Calderón presione a las autoridades canadienses para que una corte de Canadá ordene la detención con fines de extradición del líder minero, Del Toro sostuvo: “pues si no estamos en México para que el Presidente, la canciller o el procurador puedan presionar a jueces canadienses, como lo hacen aquí. Allá sí hay verdadero estado de derecho”.
En tanto, el representante legal de la Cooperativa Veta de Plata, opositor a Gómez Urrutia, Agustín Agosta Azcón, planteó que la petición de traer al dirigente de Canadá “no llega tarde”; que hasta el momento ningún juez federal o local ha exonerado de responsabilidad al dirigente minero, y que confía en que Canadá dará la razón al gobierno mexicano.
Unos días después de que Gómez Urrutia se exilió en 2006 en Canadá comenzó el caudal de acusaciones judiciales. Empezó ese mismo año con el allanamiento al sindicato minero en el que hubo robo de documentación sobre el fideicomiso de 55 millones de dólares a favor de los agremiados mineros.
Ese mismo año la PGR fincó cargos por lavado de dinero contra Gómez Urrutia; incluso varias de sus propiedades fueron cateadas y se quiso implicar a sus familiares directos en este ilícito. No obstante, los cargos no prosperaron por falta de pruebas.
Entre 2006 y 2007 se libraron múltiples órdenes de captura en varios estados del país contra este dirigente. La redacción de los expedientes judiciales fue la misma en todas las entidades, e incluso contenían los mismos errores ortográficos, lo que causó dudas sobre la limpieza de los cargos judiciales.
Aunque meses más tarde se demostró en primera instancia que esas órdenes carecían de sustento jurídico, la PGR las revivió ante tribunales colegiados (federales) de circuito mediante recursos de revisión de diversos amparos solicitados por los abogados del líder minero.
En caso de que Gómez Urrutia sea extraditado a México enfrentaría cuatro cargos, uno por delito federal y tres por ilícitos del fuero común, todos ellos graves y sin derecho a libertad provisional.