■ Las pesquisas de la procuraduría del Distrito Federal llegan hasta Quintana Roo

Indagan presunta liga de Casitas del Sur con una entidad religiosa

■ Tres dependencias capitalinas son las responsables de resguardar la seguridad de menores

Agustín Salgado

La principal línea de investigación en el caso Casitas del Sur remite las pesquisas al estado de Quintana Roo. Nombres como Leydi Campos Vera, ex directora de Averiguaciones Previas de la procuraduría de dicha entidad, ya están en actas ministeriales y a la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales (ALAS), cuyos integrantes se han manifestado en contra de los operativos de la procuraduría capitalina, se le relaciona con la asociación religiosa Iglesia Cristiana Restaurada.

La historia no es nueva. Parece una copia de lo sucedido en La Casita de Cancún. Los fieles de la Iglesia Cristiana Restaurada se autodenominan Los Perfectos.

Pieza fundamental en la investigación es Vanesa Barroso Mosqueda, quien hace algunos meses sustituyó en la dirección de Casitas del Sur a Elvira Casco Majalca.

Tras conocerse la desaparición de la niña Ilse Michel, la representación social consignó ante un juez penal a Barroso Mosqueda por el delito de “sustracción por favorecimiento”.

El artículo 171 del Código Penal del Distrito Federal señala que es responsable de dicho ilícito quien “retenga” a un menor “sin el consentimiento de quien ejerza la custodia legítima o la guarda” del niño. Semanas después, Barroso, obtuvo su libertad por falta de elementos. La averiguación se mantiene abierta.

Elvira Casco ya compareció ante las autoridades. En su declaración aseguró que con la llegada de Barroso quedó al margen de las decisiones, las cuales eran tomadas por Campos y la nueva directora.

Campos Vera fue funcionaria pública, pero también se desempeñó como directiva de La Casita de Cancún.

En su calidad de empleada gubernamental fue una de las personas que integró el expediente en contra de Succar Kuri; en su papel de “activista” fue acusada por lo mismo que a Barroso Mosqueda.

Como funcionaria se aseguró que “violentó” a las víctimas del empresario, al “filtrar” sus fotografíasa los medios de comunicación; como integrante de La Casita contó con el apoyo de los integrantes de ALAS durante una manifestación realizada el 13 de junio de 2005 en el bulevar Kukulcán, que finalizó en actos represivos.

Los integrantes de ALAS se manifestaron a favor de Leydi Campos y en contra de los operativos que la procuraduría estatal realizaba en La Casita, institución que también fue investigada por la “desaparición” de menores.

La relación entre Campos y Barroso queda comprobada en la versión pública de la recomendación 4/2006 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió al presidente municipal de Benito Juárez (Cancún). Entre los seis peticionarios de la recomendación 4/2006 se encuentra Barroso.

La Iglesia Cristiana Restaurada obtuvo su registro como Asociación Religiosa (SGAR/-2434/2000), en marzo de 2000. Su sede principal se encuentra en Tultitlan, estado de México y su apoderado es Gerardo Tejada Martínez.

En Internet existen varias páginas en las que se hace referencia a la asociación religiosa, algunas a favor, otras en contra. En una de ellas se encuentra el testimonio de una persona que se identifica como Alma: “Como discípula de la iglesia tuve que ir a marchar a Cancún. Nos dijeron que el diablo estaba atacando a la iglesia. Nos dijeron que la policía era muy corrupta y que tenía vínculos con pederastas y violadores. Que el gobierno les quería quitar a los niños para seguir maltratándolos. Las consignas nos las dictaban los pastores. Nos advirtieron que no dijéramos que eramos cristianos, que no diéramos los nombres de los pastores y que dijéramos que integrantes de ALAS.”

En los días recientes dicha organización “no gubernamental” se ha manifestado en la ciudad de México. El martes anterior, alrededor de mil personas marcharon en el primer cuadro de la ciudad. Acusaron a las autoridades, al igual que lo hicieron en Cancun, de “proteger” a pederastas.

Instancias responsables

Por otra parte, la responsabilidad de “canalizar” a los menores víctimas de delitos a casas de asistencia corresponde a la Fiscalía de Menores; la verificación de dichos establecimientos es obligación de la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo de la Familia y el albergue temporal de la procuraduría tiene, entre otras obligaciones, proteger a los menores que estén relacionados con averiguaciones previas o procesos penales, familiares y civiles.

Así se establece en la Ley Orgánica de la procuraduría de Justicia y en la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños del Distrito Federal.