■ Debe pagar indemnización y garantizar que se erradicará la tortura, señala ombudsman
Reclaman a la PGJE de Guanajuato disculpa por asesinato de agricultor
■ Policías ministeriales del estado le dieron descargas eléctricas y lo asfixiaron con una bolsa
León, Gto., 4 de febrero. La Procuraduría General de Justicia del Estados (PGJE) debe indemnizar económicamente y ofrecer ante los medios de comunicación una disculpa “amplia y sincera” a la familia de Vicente Palomo Rodríguez, quien fue torturado hasta la muerte por policías ministeriales. Además. la dependencia deberá ofrecer “garantías efectivas” de que erradicará la tortura y el procurador Daniel Chowell Arenas deberá investigar a todos los involucrados en el crimen, de acuerdo con nueve recomendaciones, un acuerdo de vista y una propuesta general que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) emitió para él, para el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y para el Poder Legislativo.
El 20 de enero policías ministeriales torturaron con choques eléctricos y con una bolsa en la cabeza al ganadero y agricultor Vicente Palomo en las instalaciones de la PGJE en el municipio de San Felipe, para que confesara que robó ganado.
A raíz de este asesinato, la PDHG solicitó que se indemnice “de manera efectiva y rápida” a los deudos de Vicente Palomo, quien fue víctima de una “grave violación a sus derechos humanos por medio de tortura, tratos crueles e inhumanos” a manos de los policías ministeriales.
El ombudsman estatal, Gustavo Rodríguez Junquera, recomendó que la Procuraduría de Justicia otorgue una beca para que los hijos del ganadero puedan estudiar hasta la licenciatura, y que brinde tratamiento médico y sicológico a los deudos.
Además, Rodríguez Junquera solicitó a la PGJE que imprima en sus documentos oficiales durante un año la leyenda “erradiquemos juntos la tortura” y ponga en marcha una “amplia campaña para prevenir, combatir y erradicar” los suplicios.
La PGJE, señala, tiene que investigar “profesionalmente” la tortura y el homicidio de Vicente Palomo, pues se acreditó la participación de los policías Daniel Méndez, Jorge Antonio Zavala, Juan Antonio Peña, Francisco Javier Sandoval y Juan Carlos Durán; de la agente del Ministerio Público Laura Beatriz Calvillo Correa, y de la radioperadora Patricia Amaro.
De la misma forma, el procurador Daniel Chowell deberá iniciar una investigación “exhaustiva” contra el agente del Ministerio Público José Luis Guerrero Campos, a quien se responsabiliza por “dejar en libertad sin fundamento legal alguno” a los acusados José Antonio Peña Arias y a Francisco Sandoval Ramírez.
De manera concurrente, la PDHG propuso por segunda ocasión al Congreso de Guanajuato que reforme el artículo 264 del Código Penal y tipifique el delito de tortura con base en tratados internacionales.