■ En diciembre entregaron documentación a autoridades canadienses

Formaliza el gobierno solicitud de extradición de Gómez Urrutia

■ Los delitos que le imputan son considerados graves; no alcanzaría fianza

Alfredo Méndez y Patricia Muñoz

El gobierno mexicano formalizó a finales de diciembre pasado una petición de extradición a las autoridades de Canadá para que el líder minero Napoleón Gómez Urrutia sea sometido a un procedimiento judicial y enviado a nuestro país, donde enfrenta cuatro órdenes de aprehensión por un delito federal y otros del fuero común, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).

La petición para dar inicio a los trámites diplomáticos por este ocurre da tres años después de que Gómez Urrutia se exilió en Vancouver, Canadá, luego de que desde febrero de 2006, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, comenzaron las acusaciones penales en contra del líder minero.

Mediante un comunicado de tres párrafos, la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora informó que se pidió la extradición de Gómez Urrutia como presunto responsable de los delitos de fraude, asociación delictuosa “y otros ilícitos cometidos en agravio de los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana”.

La PGR refirió que “la valija diplomática mediante la cual se envió la documentación a la embajada de México en Canadá llegó el 24 de diciembre de 2008, y el 30 de ese mismo mes el gobierno mexicano presentó oficialmente a las autoridades de ese país la solicitud formal de extradición”.

En México, la determinación de la PGR y de la cancillería de solicitar al gobierno canadiense la extradición de Gómez Urrutia provocó reacciones opuestas entre los abogados que litigan el caso en tribunales mexicanos.

Por un lado, el penalista Marco Antonio del Toro, coordinador de los abogados defensores del líder minero dijo a este diario que “es una respuesta inmediata” a una demanda de amparo que presentó en diciembre pasado el líder minero contra el procurador Eduardo Medina Mora, porque durante tres años se negó a iniciar los trámites de extradición.

En entrevista, el litigante aseguró que “es la primera vez en la historia de México que alguien presenta un amparo porque no piden su extradición, lo cual denota el altísimo grado de tranquilidad que tiene Gómez Urrutia en ejercer una defensa adecuada. Fueron tres años de inacción de la PGR, lo cual es un acto ilegal”.

Además indicó que hace un mes la novena sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal exoneró a José Ángel Rocha, secretario del interior, exterior y actas del Comité Ejecutivo Nacional de dicho sindicato, pues la misma autoridad judicial sostuvo que “nunca existió tal fraude de 55 millones de dólares”.

Otro penalista, Agustín Acosta Azcon, quien desde hace dos años asesora a los agremiados al sindicato minero que se han querellado contra Gómez Urrutia, aseguró a La Jornada que el líder minero de ninguna manera se salvará de pisar la cárcel una vez que las autoridades canadienses concedan su extradición.

Recordó que en México Gómez Urrutia tiene vigentes cuatro órdenes de aprehensión, tres por fraude ante un juzgado del fuero común y otra por el delito federal de violación al artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Los cuatro son graves y por ello le impedirían enfrentarlos en libertad provisional.

El litigio contra el líder minero comenzó luego de que en febrero de 2006 explotó una mina de Grupo México, ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila, en la que quedaron atrapados, y posteriormente murieron, 65 mineros.

Tras el exilio de Gómez Urrutia en Canadá, Elías Morales aprovechó la ausencia del líder sindical para intentar derrocarlo, pero su acometida falló porque para su propósito utilizó documentos con firmas apócrifas.

Durante 2006 y 2007 diversos sindicatos blancos buscaron asumir la dirigencia de varias secciones mineras. También el pasado año se realizó una millonaria campaña publicitaria en televisión y radio contra Gómez Urrutia. Además, 2007 estuvo enmarcado por el asesinato de trabajadores en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando diferentes cuerpos policiacos quisieron terminar con el paro que había iniciado en Sicartsa, y ese mismo año iniciaron una serie de paros parciales, así como huelgas en diversas minas, entre ellas Cananea, Sombrerete y Taxco, que han sido las más largas de la historia reciente.