Astillero

Julio Hernández López
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■ Renglones (re)torcidos

■ Secretillos marciales

■ Dedazos en Nuevo León

Es una ironía que la figura de Marcial Maciel se haya estrellado irreparablemente hasta ahora, al saberse que conforme a su naturaleza humana tenía una pareja y (cuando menos) un hijo y no años atrás, cuando se documentaron ampliamente las perversiones sexuales que desde un sitial de presunta continencia y casi divinidad grupal había practicado entre aspirantes al sacerdocio legionario. Los inescrutables caminos del Señor habrían llevado al largamente poderoso e intocable cura michoacano a eludir las graves acusaciones de pederastia cometida en sus dominios inexpugnables pero, al igual que Al Capone, su caída habría de darse por asuntos relativamente menores que en su caso sirvieron de canal de desahogo de tensiones y cuentas acumuladas. Blindado en relación a los abusos sexuales contra seminaristas por los poderes a los que servía, Maciel acabaría acribillado por la transgresión del voto de castidad que cometió él, aspirante en vida a ser iniciado en el proceso de santificación, pero que muchos sacerdotes ignoran diariamente, a sabiendas de que esa imposición eclesiástica contraria a la naturaleza humana es una orden administrativa humana que no tiene nada que ver con la doctrina que abrazan y ejercen.

La triste historia del fundador de los Legionarios de Cristo impacta las estructuras de poder a las que esa orden se mantuvo siempre asociada, en especial el quisquilloso mundillo de la elite empresarial mexicana que tuvo como timbre de orgullo el ser atendida en sus requerimientos devocionales por los entonces muy prestigiosos miembros de esa facción católica. Universidades privadas, apellidos de prosapia y generaciones de sacerdotes formados en ese perol ahora tan desprestigiado pagarán los costos del comportamiento hipócrita de quien simulaba ser un conjunto redondo de perfecciones y acabó entre acusaciones nunca suficientemente atendidas de abuso sexual contra sus propios “hijos” espirituales, la condena vaticana a llevar una vida reservada de oración y penitencia, retiro obligado en el que se le prohibió “todo ministerio público” y, ahora, la difusión de una doble vida en la que ya no era el flamígero rector espiritual que obligaba a jóvenes y adolescentes a su cuidado a realizar actos sexuales bajo secreto sino un varón en ejercicio de su sexualidad que tenía compañera y, cuando menos, un hijo.

La doble vida de Napoleón Gómez Urrutia también está yendo por renglones jurídicamente torcidos. Perseguido durante el foxismo por otro aspirante a los altares, Carlos Abascal, quien primero fue secretario del Trabajo y al pasar a Gobernación dejó al opusdeísta Francisco Javier Salazar Sáenz como encargado de su línea laboral, el supermillonario líder sindical minero emigró a Canadá, desde donde ha desplegado su defensa jurídica, su continuidad política y una peculiar presencia en asambleas y actos públicos a través de videos. Retador y triunfador pues, a pesar de todo, el foxismo-calderonismo no lo ha podido derribar, Gómez Urrutia enfrenta ahora una solicitud de extradición que la administración felipista pretende convertir en apariencia de persecución jurídica en forma cuando es el cumplimiento de una larga exigencia del propio sindicalista que, según un boletín de prensa difundido ayer, ya había solicitado el amparo de la justicia mexicana contra la procuraduría federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores porque éstas, en nombre de la administración federal, no habían planteado antes esa exigencia de extradición.

La insólita demanda de amparo porque las autoridades no solicitan formalmente una extradición se funda, según el sindicato minero, en que al no hacerse esa petición al gobierno canadiense se impide al dirigente sindical “ejercer los derechos de defensa” que le corresponden. Según esas consideraciones, en cuanto Los Pinos solicitara la extradición sería posible “poner en evidencia la clara e ilegal persecución política gestada en complicidad desde los escritorios del Grupo México”. El abogado defensor de Gómez Urrutia, Marco Antonio del Toro, había retado públicamente desde meses atrás a la administración felipista a solicitar la mencionada extradición, lo que se anunció apenas ayer, después de la peculiar solicitud de amparo contra omisiones de las autoridades federales.

No hubo necesidad de exilios ni encierros para que las cúpulas del bipartidismo unificado de Nuevo León pusieran como candidatos a relevar a Natividad González Parás a sus conductores designados. En el PAN se practicó el más puro dedazo al estilo del priísmo clásico para imponer al previsto Fernando Elizondo como aspirante de las elites empresariales a consumar en aquella entidad una alternancia de partidos en el poder. Falta conocer las reacciones de los demás aspirantes, que pugnaban por una elección con visos democráticos y no una designación hecha mediante un chantajista llamado a la “generosidad” de los neoleoneses blanquiazules para que acepten la determinación digital pinolera. En el PRI, Nati cumplió el libreto y colocó como “candidato de unidad” a su secretario general de Gobierno, el joven Rodrigo Medina, una especie de pieza móvil del tablero de ajedrez electoral por si hay que negociar derrotas más delante.

Los vientos de la desconfianza y la devaluación soplan sobre la pradera económica, pero la atención está puesta en la manera en que las televisoras han respondido a las tibias peticiones del IFE-patito para que expliquen el desaguisado de programación de espots que hicieron en días anteriores. Televisión Azteca y transmisoras por cable han enviado ya sus argumentaciones, pero Televisa lo hará hasta hoy por supuestos problemas de notificación oportuna.

Y, mientras trabajadores sindicalizados de Antropología e Historia hacen paros en protesta porque continúa el resplandor de abusos de Quique Gaviotón y el director del INAH, ¡hasta mañana, en espera de lo que Aeropuertos y Servicios Auxiliares dará a conocer, a exigencia del IFAI, sobre el accidente aéreo en que falleció Mouriño!