■ El Ejército va perdiendo la batalla contra el crimen, dicen políticos, académicos y activistas
La ejecución del general Tello, “muestra del fracaso” de la estrategia de Calderón
■ Legisladores de PRD y PRI demandan retirar a las fuerzas armadas del combate al narcotráfico
Ampliar la imagen Integrantes del Ejército custodian la funeraria de Cancún donde fueron llevadas las víctimas Foto: Luis López Soto
La ejecución de dos militares y un civil, entre ellos un general de brigada, por parte del crimen organizado, es una muestra de que la estrategia emprendida por Felipe Calderón en contra del narcotráfico ha fracasado y sólo ha propiciado el debilitamiento del Ejército, “que es el que va perdiendo la batalla”, advirtieron políticos, académicos y defensores de derechos humanos.
Diputados de PRD y PRI coincidieron en la necesidad de retirar a las fuerzas armadas del combate a la delincuencia organizada, porque se pone en riesgo el prestigio del Ejército. “Los órganos encargados de enfrentar a los delincuentes, específicamente la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP), desde hace tiempo están metidas en problemas internos. El combate al narcotráfico lo está dando el Ejército y éste no puede estar en esas funciones. Estamos de acuerdo en que es una situación de emergencia, pero no podemos suponer que el Ejército se va a quedar con esa obligación”.
Para Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, “el Ejército es el que está poniendo los muertos, no vemos que esté apoyado por la PGR, la Policía Federal Preventiva (PFP) ni la Agencia Federal de Investigación (AFI), instancias que no están haciendo nada”. Insistió en que los diputados deberán aprobar el dictamen de ley de neutralidad, porque en Estados Unidos se comienzan a dar excusas en torno a su seguridad nacional para poder intervenir en México.
Al comentar el homicidio del general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y dos personas más, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, dijo que el problema a resolver en el tema de la creciente violencia producida por los narcotraficantes se halla en el ámbito económico.
Samuel Aguilar, diputado del PRI, consideró que la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico “es causa perdida, porque las policías encargadas de enfrentar a los delincuentes se encuentran infiltradas”.
En tanto, la fracción del tricolor en el Senado de la República dijo que ante el desbordante problema de la inseguridad en el país, que “es muy grave, tiene que dársele prioridad triple A en su atención”, por ello en el actual periodo de sesiones insistirán en que en las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, el PAN “revise las propuestas que el PRI ha presentado para resolver este delicado problema”.
El priísta Fernando Castro Trenti señaló que “es penoso que nos anuncien que va a haber una nueva estrategia anticrimen; se les olvida que ese programa debieron ponerlo en práctica en diciembre de 2006 y no a mitad de gobierno”.
Aseveró que la ejecución de los militares muestra que la estrategia anticrimen de la administración calderonista ha fracasado y no presenta resultados contundentes. “No hay límite a las acciones criminales del narcotráfico, tienen en zozobra a la comunidad, ya no hay paz ni en las iglesias, retan frecuentemente a la autoridad y ésta no acierta más que a decir que van a presentar una nueva estrategia”.
Por otra parte, para el académico de la UAM y especialista en temas castrenses, Guillermo Garduño, el haber echado mano de militares para combatir a los narcotraficantes debilitó a las fuerzas castrenses, pues “en la historia de México se ha demostrado que su Ejército sólo es fuerte cuando su Estado también lo es, y en la actualidad el crimen organizado tiene postrado al Estado mexicano”.
Refirió que la ejecución de un general de brigada demuestra que las autoridades federales van perdiendo la batalla contra los peligrosos capos de la droga.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, manifestó que el asesinato de los tres militares prueba “que no hay resultados en la lucha contra el crimen organizado, y además se extiende la violencia, porque no hay investigaciones, y ante la impunidad se abren espacios para que la delincuencia actúe libremente”.