Acusan al Infonavit de despojo
Culiacán, Sin., 30 de enero. Alrededor de 200 personas protestaron en esta ciudad contra la política de hostigamiento y despojo que han emprendido el Infonavit, empresas inmobiliarias y despachos de abogados contra trabajadores que adquirieron créditos hipotecarios y han caído en cartera vencida.
Los manifestantes se congregaron frente a la plaza Álvaro Obregón y la catedral, en el primer cuadro de la capital, provenientes de los municipios de Ahome, Mazatlán y Culiacán.
El acto fue respaldado por los sindicatos Nacional de Telefonistas y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, representada por la diputada local Graciela Domínguez, y el regidor Óscar Loza Ochoa, del cabildo de Culiacán.
Bertha Alicia Félix Samaniego, dirigente del Frente Estatal del Movimiento Urbano Popular, organismo que convocó a la movilización, acusó al Infonavit, empresas inmobiliarias y despachos de abogados de actuar como “aves de rapiña”, cuyo objetivo es despojar a los trabajadores de sus viviendas.
No hay derecho de audiencia
Tanto las autoridades como los despachos, agregó, han negado a los deudores el derecho de audiencia y se adjudican el patrimonio que pertenece a los trabajadores, no a las inmobiliarias ni a los abogados que están cobrando esa cartera.
Alrededor de 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron a través del Infonavit, organismo que vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad alrededor de 110 mil créditos que se encuentran en cartera vencida, informaron organismos de derechohabientes afectados.
Félix Samaniego criticó esa acción, sobre todo porque se trata de una institución que perdió su sentido social y que emprende acciones de criminalización en contra de quienes se defienden de esta política de despojo y hostigamiento, en perjuicio incluso de empleados que están al corriente en el pago de estos créditos pero que aún así son demandados penalmente.
“Es mucho el porcentaje que le vienen ganando a las casas con esos despojos, porque compran las viviendas a 20 y 40 mil pesos y las venden en 300 mil”, sostuvo.