Pedirá PRD remover a un magistrado electoral
Agustín Guerrero, diputado local perredista, anticipó que se presentará una solicitud en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para remover al magistrado electoral Miguel Ángel Covián por conducirse con parcialidad en la resolución que presentó sobre la impugnación del triunfo de la presidenta del Partido de la Revolución Democrática capitalino, Alejandra Barrales, en la que se pronunció por anular los comicios internos.
Dijo que ocho meses después de haberse presentado la queja por Jesús Zambrano, de manera oportunista el juez presentó este proyecto de resolución, que es ilegal, porque aun en el caso de que se concediera la razón al quejoso, la diferencia en el resultado electoral y el número de casillas no acredita la anulación, pues se ganó con un ventaja de dos a uno.
“Nos parece que ha habido un manejo político de ese dictamen. Él se había comprometido a presentarlo en diciembre pasado, después en enero, y cuando se están negociando en el PRD las precandidaturas de manera alevosa lo hace, tratando de chantajear a Izquierda Unida”, refirió.
Indicó que corresponderá a la ALDF analizar si, de conformidad con los artículos 103, 107 y 108 constitucional, el funcionario ha incumplido con el mandato de impartir justicia de manera objetiva, profesional, legal e imparcial, y de no se así se proceda a su remoción, incluso a iniciar juicio político en su contra.
Denuncia contra lideresa panista
El también secretario de la Comisión de Gobierno de la ALDF, y uno de los líderes de la corriente política perredista Izquierda Unida, Agustín Guerrero, acudió ayer a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para ratificar la denuncia penal que interpuso en contra de Mariana Gómez del Campo, lideresa del PAN-DF, y de otros cinco integrantes del Comité Directivo Regional panista.
Guerrero Castillo interpuso la querella la semana pasada, de la cual se inició la averiguación previa FCH/CUH-7/T2/2418/08-07 que solicita se indague el posible uso de recursos económicos de programas federales de la Secretaría de la Reforma Agraria para beneficiarse políticamente.
Incluso pide a la autoridad que de haber los elementos que configuren un delito electoral se sancione a Acción Nacional con el retiro del dinero que recibe del Instituto Electoral capitalino, y que le niegue el registro a sus candidatos a cargos de jefes delegacionales y diputados locales.