■ Consejeros estatales no tenían facultades para destituirlo: TEPJF
Ordenan reinstalar a Victor Alarcón en la presidencia del instituto electoral de BC
■ Deberán convocar a sesión extraordinaria para devolverle el cargo
■ Insiste el afectado en que no dimitirá, y llama a superar diferencias
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Victor Alarcón Requejo, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral de Baja California, deberá ser restituido en el cargo por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Foto: Carlos Cisneros / Archivo
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la inmediata reinstalación de Víctor Alarcón Requejo como presidente del consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California (IEPCBC)
El TEPJF revocó el acuerdo de cuatro de los siete consejeros del organismo, quienes, señaló, no están facultados para destituir al presidente y no le dieron oportunidad de argumentar a su favor.
Durante la sesión pública, los magistrados cuestionaron la decisión que tomó el IEPCBC en una sesión irregular celebrada el pasado 27 de noviembre en Mexicali, en la que además designaron en lugar de Alarcón a Marina del Pilar Olmeda García.
La magistrada presidenta del TEPJF y ponente del caso, María del Carmen Alanís, recordó que los consejeros del IEPCBC consideraron que Alarcón Requejo omitió la designación de un director general de ese órgano; no informó sobre los amparos presentados a raíz de esa designación; tampoco les notificó sobre sentencias del TEPJF y del Tribunal Estatal Electoral, y ocultó información sobre otros asuntos.
Sin embargo, explicó Alanis, los consejeros debieron acudir a las instancias competentes para analizar estas irregularidades y cumplir “todas las garantías constitucionales que deben seguirse en cualquier procedimiento de responsabilidad”.
En su oportunidad, el magistrado Pedro Penagos sostuvo que hay una serie de pasos para iniciar un procedimiento de responsabilidad en el organismo electoral y, si no se cumplen, cualquier determinación es ilegal.
Estas medidas, agregó, deben ser aplicadas por una autoridad distinta a la electoral; por ello, el procedimiento del IEPCBC no es válido.
A su vez, el magistrado Manuel González Oropeza lamentó que ese organismo carezca de la unidad necesaria para que ofrezca garantías.
Indicó que se tomaron medidas ilegales que afectaron al instituto, pues de las imputaciones que se hicieron a Alarcón puede desprenderse que hubo negligencia en el desempeño de su cargo, pero no responsabilidades.
El magistrado Flavio Galván afirmó que los consejeros que decidieron destituir a Víctor Alarcón carecían de facultades para ello, y advirtió que la inamovilidad de los servidores públicos no es sinónimo de impunidad.
Los magistrados dieron al IEPCBC 24 horas para informar sobre la restitución de Alarcón Requejo, por lo que tendrá que efectuarse una sesión extraordinaria para acatar el fallo judicial.
El TEPJF también validó las acciones que durante diciembre y lo que va de enero tomó la presidenta en funciones, Olmeda García, quien deberá regresar a su cargo de consejera numeraria.
“Con la resolución del tribunal se ha restablecido la legalidad y se crean las condiciones esenciales para reconstruir la unidad interna del instituto electoral”, comentó Víctor Alarcón Requejo, luego de dar a conocer los términos de la sentencia unánime de los siete magistrados sobre el juicio SUP-JDC 2920/2008.
“Le estoy dando vuelta a la página y espero que los demás consejeros hagan lo mismo, pues tenemos el deber de superar nuestras diferencias y cuidar a la institución electoral de nuestro estado”, dijo Alarcón.
“No voy a renunciar al cargo”, advirtió al recordar el caso del ex consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal Isidro Cisneros Ramírez, quien en 2008 también fue destituido ilegalmente por un grupo de consejeros. El TEPJF ordenó su reinstalación, pero el funcionario finalmente dimitió.
La confrontación entre los consejeros electorales de Baja California surgió a raíz del proceso electoral del 2007, cuando contendieron por la gubernatura el panista Guadalupe Osuna Millán y el priísta Jorge Hank Rhon.
Se formaron dos bandos, uno formado por los consejeros Olmeda García, José Luna y Tonatiuh Guillén, propuestos por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), y otro integrado por Víctor Alarcón, Raúl Flores Adame, Jaime Vargas y Humberto González, propuestos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con la derrota de Hank, el grupo priísta se dividió y Adame Flores votó en favor de la destitución de Alarcón.
(Con información de Olga Alicia Aragón, especial para La Jornada, y Antonio Heras, corresponsal)