■ “Hay regiones del país que sufren severas crisis de gobernabilidad”

La criminalidad, desbordada; amenaza ya la paz social: CNDH

■ Ojalá y ahora sí se haga justicia a los pobladores de Atenco, dice Soberanes

Víctor Ballinas, Enrique Méndez y Roberto Garduño

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, sostuvo ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la seguridad pública sigue siendo sin lugar a dudas “la principal preocupación de los mexicanos”. Ahí, urgió “a poner un alto a la criminalidad desbordada, porque está amenazando la paz social”.

El ombudsman nacional precisó ante diputados y senadores que hay regiones de la República que sufren severas crisis de gobernabilidad. “Ahí están los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se vive en varios puntos del país”.

Al presentar su último informe de labores ante la Comisión Permanente –cumple 10 años como titular de la CNDH en noviembre próximo–, refirió que la delincuencia organizada parece empecinada en mostrar que tiene capacidad para enfrentar con toda su fuerza al Estado, con actos de extrema violencia, atemorizando a la población, decapitando personas o cometiendo actos que ponen en riesgo la vida y la libertad de los mexicanos.

Resaltó que ante ese desafío, el reclamo de los actores sociales no se ha hecho esperar. Miles de personas se han manifestado a lo largo y ancho del país para reclamar medidas gubernamentales que detengan la ola de secuestros, feminicidios y otras muertes por la acción de las bandas criminales que sienten pueden quedar impunes.

Para hacer frente a ese problema, abundó, legisladores, autoridades y sociedad civil se comprometieron a impulsar acciones para modificar las estructuras de la procuración y administración de justicia, y es tan grande la impotencia social generada por la inseguridad, que han llegado a presentarse iniciativas de ley contrarias a los derechos humanos, que “proponen abierta permisividad para que se realicen cateos sin orden judicial; aprehensión de personas bajo el supuesto de que parecen ‘sospechosos’; el arraigo domiciliario, e incluso medidas tan irracionales e inútiles como la pena de muerte.

A los diputados y senadores, les subrayó el titular de la CNDH que si se cumpliera con mayor certeza y eficacia la aplicación de las leyes en materia penal, advertiríamos que “es posible abatir la enorme impunidad que caracteriza al delito y la actividad de la delincuencia organizada”.

Así, aseveró, “cualquier camino que no sea el de la aplicación rigurosa de las leyes puede hacernos caer como sociedad en una simple forma de distracción, no para aprender a enfrentar mejor la realidad de una delincuencia actualmente desbordada, sino para evadirla”.

Luego, en entrevista, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó la recomendación que la CNDH le turnó para que se abriera una investigación sobre la explosión en la mina Pasta de Conchos, registrada en febrero de 2006, donde fallecieron 65 mineros, de los cuales 63 cuerpos aún permanecen enterrados en la mina. “Es otro caso de impunidad en el terrible caso en que murieron mineros, y la PGR se niega a investigar”.

Cuestionado sobre el proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre Atenco, en el que señala que “sí hubo abusos y violaciones a derechos humanos”, el titular de la CNDH dijo que “ese proyecto es coincidente con la recomendación que emitimos al respecto. Ojalá ahora sí se haga justicia”.

Recordó que la recomendación que emitió sobre Atenco fue atendida por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y por el Instituto Nacional de Migración (INM), pero no la aceptó el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP), Eduardo Medina Mora.

En caso de que prospere la resolución de la Corte, y de no acatarse, entonces se tendría una situación de “vivir al margen del estado de derecho”.

En su discurso indicó que “en 2008 se evidenciaron hechos que mostraron avances y retrocesos y se generó un amplio debate en la opinión pública. Citó el caso de la indígena Eufrosina Cruz Mendoza, “quien con gran valentía denunció la discriminación que sufren muchas mujeres indígenas en Oaxaca al intentar ejercer sus derechos políticos”.

Otro tema relevante, añadió, fue que se pretendía capacitar con prácticas de torturadores a los policías municipales de León, Guanajuato, y que “mostró la facilidad con la que muchos servidores públicos pueden seguir anclados a una práctica absurda y cruel y confundirla con un método de aprendizaje, que en los hechos no los hace estar más capacitados”.

En su recuento del 2008, hizo mención de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el tema del aborto. “Una vez más expreso mi reconocimiento y respeto a quienes fueron partícipes en esta discusión y argumentaron con sus mejores razonamientos”.

Ojalá, abundó, que ese hecho constate que los mexicanos estamos dispuestos a debatir con tolerancia y civilidad aspectos torales para la convivencia y la armonía sociales, sin caer en la descalificación personal o en la denostación que encona y agravia, pero nada esclarece.

Al insistir en el problema de la seguridad pública, dijo a los integrantes del Congreso que “a pesar de las críticas, algunas figuras delictivas fueron modificadas por nuestros legisladores; otras no han prosperado gracias al esfuerzo de grupos sociales e instituciones que, por años, han trabajado por hacer valer los derechos fundamentales.

En ese sentido, aseguró que en la CNDH “seguiremos siendo aliados de cualquier movimiento cívico impulsor de cambios en favor del pleno respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad pública, pero sin desdibujar o confundir las causas de la inseguridad”.

Insistió en que el Estado se ha visto obligado a utilizar las fuerzas armadas en tareas policiales “que no son de su competencia, poniendo en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales, así como el reconocimiento que tantos años de trabajo y esfuerzo labró nuestro Ejército Nacional”.