■ Organizaciones presentan denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental
El gobierno, cómplice en siembra ilegal de maíz transgénico, acusan
■ En forma deliberada, autoridades permiten la entrada del grano a México y su cultivo, apuntan
■ Falta coordinación entre las instituciones responsables de la bioseguridad nacional, afirman
Organizaciones campesinas y ecologistas presentaron ayer una denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) –organismo trinacional formado en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte–, al señalar que el gobierno federal incumplió la legislación al permitir la siembra y el ingreso de maíz transgénico en Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua.
En conferencia de prensa, informaron que se ha documentado la presencia en esa entidad de 23 razas de maíz criollo y dos de teocintle, pariente silvestre del maíz, de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, organismos desconcentrados de la Secretaría de Medio y Recursos Naturales (Semarnat).
En noviembre pasado, expertos del Instituto de Ecología de la UNAM divulgaron en la revista científica Molecular Ecology un estudio en el que confirmaron la rápida dispersión y a largas distancias de los transgenes, de un sembradío donde hay a otros donde no existen, lo cual ya ocurrió en la sierra Juárez de Oaxaca, centro de origen del grano.
Ante ese riesgo y para proteger la diversidad de maíz mexicano, El Barzón, el Frente Democrático Campesino (FDC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Greenpeace han presentado en México diferentes recursos jurídicos, ninguno de los cuales ha prosperado.
El gobierno federal ha actuado “en complicidad” con Monsanto, empresa productora de maíz transgénico, y en forma deliberada ha permitido la entrada a México de ese grano y su cultivo, señaló Víctor Quintana, del FDC.
Agregó que esa firma tiene una estrategia de promoción de transgénicos por medio de la invitación a campesinos para asistir a ferias en granjas estadunidenses. “Hay complicidad de todas las autoridades”, señaló.
Las organizaciones explicaron que acudieron ante la CCA debido a que han agotado todas las instancias nacionales para exponer y denunciar este caso de contaminación transgénica.
Expusieron que las autoridades han violado las leyes General del Equilibrio Ecológico, de Protección Ambiental y de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como el Código Penal Federal y el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología.
Quintana consideró que la omisión en la vigilancia y el incumplimiento de las leyes por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Semarnat, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la PGR también constatan que hay “descoordinación entre los responsables de la bioseguridad en México e incapacidad para hacer muestreos adecuados. A la fecha no han integrado satisfactoriamente las averiguaciones previas ni la denuncia popular presentada por la contaminación del maíz en Chihuahua”.
Pidieron a la CCA integrar un expediente de hechos ante la falta de aplicación efectiva de la legislación mexicana y “dada la existencia de un patrón sistemático de siembras ilegales de maíz transgénico en Chihuahua, sin que las autoridades federales las detengan o sancionen”.
Desde hace 15 meses se tramitó la primera denuncia de hechos por el riesgo de contaminación transgénica en esa entidad, señaló Aleira Lara, de Greenpeace. No se han fincado responsabilidades ni impuesto sanciones o multas, acusó.
“Tampoco han detenido a los probables responsables, y no tenemos información de que las autoridades federales y locales hayan ordenado medidas de emergencia ni planes para revertir los casos de contaminación provocada por maíces transgénicos de Monsanto en la región”, aseveró por su parte Gabino Gómez Escárcega, de El Barzón Chihuahua.