■ Desmantelan una brigada de mil 400 hombres y relevan a 10 oficiales en la última purga
Aumentan las destituciones en el ejército colombiano por ejecuciones extrajudiciales
■ Colombia, primer receptor de ayuda militar de EU en AL; México puede remplazarlo: experto
Bogotá, 25 de enero. El escándalo sobre las ejecuciones extrajudiciales que estalló hace cuatro meses en Colombia sigue causando bajas en el ejército. Este fin de semana fue desmantelada una brigada de unos mil 400 hombres, y destituidos 10 oficiales y un suboficial que actuaron en el pasado en un batallón.
Se trata de la Brigada Móvil 15 antiguerrillera, con jurisdicción en la zona del Catatumbo, en el departamento Norte de Santander, y del batallón La Popa, con sede en Valledupar, capital del departamento del Cesar, ambos en el nororiente de Colombia y en la frontera con Venezuela. Fueron relevados de sus cargos 250 integrantes de la Móvil 15. La estructura fue remplazada por completo el viernes pasado por una unidad nueva, la Brigada Móvil 23 de contraguerrilla, cuyos mil 400 integrantes habrían recibido capacitación en derechos humanos, se informó oficialmente.
En el Catatumbo, donde está la provincia de Ocaña, precisamente fue donde estalló en septiembre la bomba de tiempo de la práctica de ejecuciones extrajudiciales, largamente denunciada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
En apariencia, por cuenta de apenas 11 casos, de los miles que reseñan desde hace 30 años los defensores humanitarios, advirtiendo subregistro, fueron destituidos en octubre 30 oficiales y suboficiales de la fuerza de tierra, entre ellos tres generales y 10 coroneles que eran responsables operativos.
El batallón La Popa, por su parte, también entrelaza su nombre con ejecuciones o “falsos positivos”, un término militar que considera “positiva” la muerte de un enemigo o cualquier otro acierto en el enfrentamiento armado.
Abusos en coordinación con paramilitares del narco
La Popa también está enredado en abusos en coordinación con paramilitares del narcotráfico, parcialmente desmovilizados en 2006 tras pactos con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
El ex comandante de ese batallón, coronel Hernán Mejía, está preso con cargos de trabajo conjunto con esas estructuras de ultraderecha. También es investigado por presentar como guerrilleros abatidos a 18 paramilitares asesinados por sus propios compañeros.
Los 10 oficiales y el suboficial destituidos el miércoles pasado –medida que apenas trascendió al día siguiente– sirvieron en esa unidad en el pasado, pero seguían activos en el ejército. El comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, sostuvo que los destituidos no tienen por ahora ningún proceso penal. Las conclusiones de la investigación interna serán entregadas a la justicia ordinaria, que en el caso de La Popa tiene denuncias sobre 150 civiles ejecutados.
El gobierno colombiano, tercer receptor de ayuda militar estadunidense después de Israel y Egipto, ha sido sometido a fuertes presiones diplomáticas desde comienzos de 2008 por cuenta de esas ejecuciones extrajudiciales.
La Brigada 15 es señalada por ejecuciones en el informe 2008 de derechos humanos del Departamento de Estado estadunidense, que se refiere a hechos de 2007.
Este mes, Nacional Security Archives, un equipo investigador con base en la estadunidense Universidad de Georgetown, obtuvo la desclasificación de documentos de seguridad nacional de Estados Unidos.
Los documentos muestran que, al menos desde 1990, las autoridades de ese país estaban al tanto de las ejecuciones extrajudiciales así como de la colaboración entre militares y paramilitares narcotraficantes, mientras incrementaron progresivamente el apoyo a las fuerzas militares colombianas y afirmaban la “guerra contra las drogas” como una prioridad.
En los archivos desclasificados se ve el tono de indignación en algunos reportes de embajadores y otros funcionarios estadunidenses en Colombia.
Respecto de estas contradicciones, el experto estadunidense Adam Isacson, del Center for International Policy con sede en Washington, considera que “sí ha habido –y sigue habiendo– frustración entre muchos funcionarios estadunidenses por los repetidos escándalos en derechos humanos entre las fuerzas armadas” colombianas.
La administración de Barack Obama “seguirá trabajando con las fuerzas armadas colombianas, y Colombia probablemente seguirá siendo el primer receptor de ayuda militar en la región”, aunque señaló Isacson que, con la profundización del narcotráfico y la violencia en México, dicho país “podría llegar a ocupar este puesto”.
“Pero el monto de la ayuda (a Colombia) será menor”, vaticinó, y ésta “vendrá bajo condiciones en derechos humanos más estrictas”.