■ Exige que se castigue a los responsables de la muerte de dos de sus compatriotas en Chiapas

Sin presión, la Corte de Ecuador decidirá si pide extraditar a Morett, dice embajador

■ Aclara que su gobierno no persigue a la universitaria mexicana sobreviviente del bombardeo del ejército colombiano sobre un campamento de la guerrilla de las FARC en Sucumbíos

Georgina Saldierna

El embajador de Ecuador en México, Galo Galarza, expresó ayer que la petición para extraditar a Lucía Morett será resuelta por la Corte Nacional de Justicia de su país, sin ninguna presión o apasionamiento político.

Confió en que sucederá de esa manera por la probidad del presidente del máximo organismo de la justicia ecuatoriana, quien no sólo estudiará a fondo los elementos que le presente el juez de la provincia amazónica de Sucumbíos que pidió la extradición, sino también los que plantee la defensa de la estudiante mexicana.

Por otra parte, demandó que se castigue a los responsables de la muerte de dos jóvenes ecuatorianas en un incidente registrado el pasado 9 de enero en Chiapas, para que esto no se repita.

Versión de medios informativos

En entrevista con La Jornada, Galarza Dávila explicó que su gobierno no persigue a Lucía Morett, como se hizo aparecer en algunos medios de comunicación, al señalar que fue un juez de Sucumbíos el que investigó por más de seis meses, los hechos en que estuvo presente la estudiante, es decir, el ataque a principios de marzo pasado del ejército colombiano a un campamento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en territorio ecuatoriano.

Como consecuencia de ese trabajo, dijo, fueron hallados indicios de delitos cometidos por Morett y las dos jóvenes colombianas que se encontraban en el lugar, por lo que el juez pidió que se les redujera a prisión hasta que concluya el proceso judicial iniciado en su contra.

En vista de que las tres sobrevivientes del ataque están fuera de Ecuador, el diplomático explicó que el juez pidió iniciar los procesos de extradición. En el caso de la mexicana, puntualizó que la Corte Nacional de Justicia no ha hecho ninguna solicitud en ese sentido.

La legislación ecuatoriana indica que la demanda hecha por el juez de Sucumbíos debe ser analizada por la sala penal de la Corte y ésta, a su vez, tiene que remitir un informe del caso, al presidente de dicha instancia judicial. Si él considera que existen elementos que justifiquen la extradición, requerirá al Ministerio de Relaciones Exteriores que haga la solicitud correspondiente al gobierno de México, quien por su lado, tiene la atribución de decir si acepta la demanda.

Al explicar en qué fase se encuentra el proceso, el embajador dijo que el juez de Sucumbíos solicitó la extradición, pero esta aún no llega a la Corte Nacional y, por tanto, se desconoce cuándo se pronunciará ésta sobre el tema.

Entre los elementos que analizará el presidente de la Corte ecuatoriana se encuentra uno que ha presentado la defensa de Morett, referido a que el delito que se le imputa –acciones contra la seguridad interna de Ecuador– no está reconocido por la ley mexicana y, por tanto, no procede la extradición.

Galo Galarza consideró necesario diferenciar las posturas registradas en el caso de la universitaria. Una es la posición que asumió el gobierno de Ecuador de rescatarla, darle la atención médica y permitirle que saliera del país cuando quisiera, y otra es la que tienen un juez de Sucumbíos y el fiscal general de la nación, en torno a que debe continuar el proceso contra la joven, en el cual el Ejecutivo no puede tener ninguna injerencia. Aquí lo único que puede garantizar la administración ecuatoriana es un proceso justo y sin presiones de ninguna naturaleza, subrayó.

Cuando se le preguntó si detrás del juez de Sucumbíos existe algún interés político, estimó que debe haber alguna motivación para que haya iniciado las averiguaciones por iniciativa propia, sin embargo, evitó formular cualquier interpretación.

Reportes al padre y al PRD

El diplomático enfatizó que ha informado al padre de Lucía, Jorge Morett, y a diputados del Partido de la Revolución Democrática acerca de de todo el procedimiento jurídico. Estos últimos han manifestado su interés en viajar a Ecuador para dialogar con el presidente Rafael Correa, el fiscal general y el titular de la Corte. La petición ya se hizo llegar a las instancias correspondientes y ahora la embajada está a la espera de una respuesta, expresó.

Por lo que se refiere al tema de las dos jóvenes ecuatorianas que murieron en Chiapas y que fue motivo para que su gobierno presentara una nota de protesta ante las autoridades mexicanas, recordó que fallecieron cuando elementos policiacos balearon el autobús en que se transportaban.

Las informaciones en su poder apuntan a que los elementos de seguridad sabían de la llegada del camión y, en una actitud premeditada, se apostaron en la carretera. Cuando pretendieron detenerlo, el chofer se dio a la fuga y en ese momento le dispararon en una acción “imprudente y criminal”, sostuvo.

Resaltó y agradeció la colaboración que ha recibido de los gobiernos federal y de Chiapas para esclarecer los hechos y repatriar los cuerpos. Hasta el momento hay tres policías detenidos y procesados. Las autoridades estatales –refirió– han manifestado su decisión de que este proceso se lleve hasta las últimas consecuencias y se castigue a los responsables a las penas de prisión que señala la ley, es decir, entre 20 y 30 años de cárcel, para que sirva de ejemplo y no se repitan hechos de esa naturaleza.

Galarza Dávila dijo que las autoridades federales y estatales de México asumieron los costos de la repatriación, y las personas que fueron heridas han recibido facilidades para permanecer más tiempo en el país e incluso, si quieren, integrarse como trabajadores en Chiapas.

Puntualizó que también dieron ayuda humanitaria a las familias de los jóvenes que murieron, las cuales tienen derecho a pedir una indemnización mayor.

Por último, manifestó que, a pesar de la crisis económica en Estados Unidos, continúa el flujo de migrantes ecuatorianos a ese país, luego de señalar que el trafico de personas es un delito que debe ser perseguido con mucho mayor dureza tanto por autoridades de Ecuador y México como de Centroamérica.