■ Llama a legisladores a dialogar sobre normas para impedir intrusión del narco en comicios
Ninguna intención del IFE de espiar a los senadores, asegura el consejero Andrade
Virgilio Andrade, presidente de la Comisión de Reglamentos del Instituto Federal Electoral (IFE), convocó a los senadores a dialogar acerca de las reglas de fiscalización que buscan impedir el uso de recursos de procedencia ilícita en el proceso electoral de este año; en principio, aclaró que los acuerdos en esta materia no incluyen el espionaje.
“Asumimos que esa circunstancia (el espionaje) no existe, y mucho menos tenemos intención alguna en ese sentido”, insistió. Añadió que el propósito es aplicar las reglas construidas con la participación de los representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo.
Tras las muestras de inconformidad de los senadores Gustavo Madero (panista) y Ricardo Monreal (petista) acerca de presuntos excesos del árbitro electoral para inspeccionar las operaciones financieras y bancarias de los legisladores y sus familias, el consejero señaló: “el IFE está en total disposición de explicar, precisar y aclarar directamente a ellos cuáles son los alcances de nuestra fiscalización”.
Añadió en entrevista que el instituto también está dispuesto a esclarecer “cuáles son las razones por las que ese proceso ha sido construido con base en el marco legal que los propios legisladores nos dieron en los últimos 15 años y en la reforma de 2007.
“Los legisladores están en su derecho de acudir al tribunal electoral si aun con las explicaciones que podamos dar ellos sienten que hay agravio.”
El jueves, Madero y Monreal dijeron que están dispuestos a presentar una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el acuerdo del IFE con base en el cual se pretende fiscalizar a quienes se califica de “personas políticamente expuestas”.
Monreal aseguró que tal marco normativo viola la Constitución y los derechos de los legisladores.
Consultado al respecto, el consejero Andrade explicó el contexto de las responsabilidades del instituto en el tema, y reiteró que la revisión de las cuentas de las “personas políticamente expuestas” sólo se realiza cuando los bancos y otras entidades financieras detectan movimientos “inusuales” (definidos así por las leyes financieras y por el código penal).
Es decir, “la revisión no es arbitraria”. Es la Secretaría de Hacienda la que valora (ante una irregularidad) si da vista a la Procuraduría General de la República por el presunto delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, abundó.
El IFE fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, candidatos y precandidatos; estados de cuenta incluidos en los reportes ordinarios. Revisa facturas de egresos y recibos de aportantes.
Con la reforma electoral de 2007 se concedió al instituto la facultad constitucional de romper el secreto bancario, de ahí que serán revisados movimientos financieros cuando se detecte un problema en la relación aportantes-partidos.
En caso de percibir una situación anómala, agregó Andrade, el IFE utilizará la vía del informe, las auditorías o las visitas de verificación. Puede actuar frente a una denuncia que vincule a terceros con partidos y candidatos.
Cabe precisar que el instituto reformó su reglamento de fiscalización en 2005, para evitar el lavado de dinero en campañas.
Ahora los partidos deben entregar listados de sus candidatos, aportantes, dirigentes y de otros líderes políticos importantes.
Esa documentación es remitida a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, bajo el concepto internacional de “persona políticamente expuesta”, con el fin de poner atención en los movimientos de las cuentas de quienes ocupan cargos públicos importantes.
En el caso mexicano incluye a los consejeros electorales; sin embargo, cualquier ciudadano puede ser revisado en sus cuentas si se detectan movimientos irregulares.
A estas normas se agregó un acuerdo, firmado entre partidos el pasado 22 de diciembre, identificado como “blindaje”. Ahí, esos institutos políticos se comprometieron a enviar un listado lo más amplio posible de las personas referidas.
“Fue un compromiso de transparencia de los partidos políticos, con presencia de consejeros del Poder Legislativo, y eso fue lo que conocieron ellos y frente a esta circunstancia en la que se han hecho afirmaciones incorrectas”, expresó Andrade.