Editorial
Bolivia, de nuevo a las urnas
La sociedad boliviana asiste hoy a las urnas para pronunciarse en torno al proyecto de nueva Constitución impulsado por el gobierno del presidente Evo Morales, un documento que, entre otras cosas, define el Estado como “plurinacional” e “independiente de la religión”; garantiza la libre determinación “de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”; estipula que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo e imprescriptible del pueblo boliviano”; consagra un conjunto de autonomías étnicas y regionales; impulsa la reforma agraria y la eliminación de los latifundios, y contempla la relección presidencial inmediata, por un solo periodo.
Debe saludarse, en primer lugar, el hecho de que una decisión de este calado trascienda el ámbito de la elite política y sea sometida a la voluntad popular; se trata de un proyecto sumamente importante, que busca avanzar en la urgente transformación social de Bolivia y reivindicar los derechos de los grupos mayoritarios en una nación históricamente dominada por una minoría criolla que al día de hoy continúa acumulando grandes cuotas de poder político –sobre todo en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca– y económico. Ciertamente, la aprobación de la nueva Carta Magna en las urnas, así sea por amplia mayoría, no garantiza su aplicación inmediata, habida cuenta de que podría ser obstaculizada por la oposición, que tiene el control del Senado; sin embargo, el solo hecho de que el nuevo texto constitucional se ponga a consideración de la ciudadanía pone en perspectiva un espíritu democrático que no se observa en otras latitudes del continente, y constituye, por añadidura, un notable logro político del gobierno boliviano.
Desde el arribo de Evo Morales al poder, la oligarquía nacional realiza una campaña nacional con el objetivo visible de minar y aun derrocar un gobierno democráticamente elegido y con vocación incluyente, pero que ha trastocado los históricos privilegios de los altos estamentos políticos y económicos de aquel país. En esa lógica se han inscrito las acciones de sabotaje a la Asamblea Constituyente; el empleo de las añejas demandas en torno a las autonomías regionales como instrumento para avanzar un proyecto abiertamente secesionista; el chantaje al que los clanes agroexportadores han pretendido someter al gobierno; la manipulación sistemática de las clases medias para volcarlas en contra de Morales, y el intento fallido por revocar al mandatario por la vía del referéndum. A lo largo de todos estos episodios, ha quedado de manifiesto la urgencia de las derechas bolivianas por deshacerse de un presidente indígena, progresista y comprometido con las necesidades de las mayorías nacionales; también se han puesto en evidencia los intereses de grandes empresas trasnacionales por recuperar el control sobre los recursos naturales, paulatinamente restituidos por Morales a la soberanía de la nación.
Para desencanto de sus detractores, el gobierno boliviano ha salido bien librado de cada una de estas embestidas, y la jornada de hoy reviste especial importancia con miras a la superación de la crisis política y la polarización que se vive en ese país. Los prefectos de los departamentos opositores han anunciado que no reconocerán un eventual triunfo del Sí a escala nacional a menos que ese mismo resultado se dé en los ámbitos locales, pero es de suponer que incluso ellos pudieran ver reducido su margen de acción política al perder el respaldo de aquellos sectores de la sociedad que reivindican las autonomías regionales, demanda que ha sido recogida en el proyecto de la nueva Constitución. Por lo demás, el relevo en la presidencia de Estados Unidos abre expectativas de cambio en la proyección de Washington en la región andina, lo que sería particularmente positivo en el caso de Bolivia, pues en los últimos años el gobierno estadunidense ha sido un factor de tensión adicional en este país y ha respaldado las acciones desestabilizadoras de los opositores.
El pueblo boliviano tiene hoy la oportunidad de contribuir a la construcción y consolidación de un nuevo orden social y cabe esperar que asista a sufragar y lo haga con sensibilidad hacia las necesidades de esa nación.