■ Examina el IFE si la propaganda de panistas quebranta la ley electoral
Queja de senadores ante el TEPJF contra investigación de sus cuentas bancarias
■ El instituto viola la Constitución: Monreal
Ampliar la imagen Durante su visita por la isla, los legisladores mexicanos se reunieron con Eusebio Leal, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad México-Cuba, donde depositaron una ofrenda floral en un monumento a Benito Juárez Foto: Senado
La Habana., 23 de enero. El Senado interpondrá recursos legales para echar abajo el acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) por el que pretende fiscalizar las operaciones financieras y bancarias de los legisladores y sus familias.
El presidente del Senado, Gustavo Madero, y el coordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, revelaron que están dispuestos a presentar una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contra ese acuerdo del IFE, que rebasa las disposiciones contenidas en la reciente reforma constitucional en la materia y vulnera derechos de los legisladores.
Monreal consideró que la postura de los senadores debe ser más enérgica, ya que el IFE “está rebasando sus facultades, viola disposiciones constitucionales y pretende convertirse en un órgano persecutorio”.
“Es algo muy grave, toda vez que el IFE pasó con mucho por arriba de las disposiciones contendidas en la reforma a la Carta Magna en materia electoral”. El instituto, resaltó, ni siquiera tiene capacidad para investigar un universo de aproximadamente 2 mil 500 presidentes municipales, unos 50 mil regidores y síndicos, 2 mil 500 dirigentes de partidos municipales, 500 diputados federales, 128 senadores y mil 200 diputados locales.
En ese acuerdo, agregó, “hay un artículo y una disposición que le permite al IFE crear una Unidad de fiscalización, que podrá determinar a qué actor político se le investigue, rompiendo para ello el secreto bancario, fiduciario y fiscal”.
“Perseguir a políticos y legisladores”
Insistió en que está de acuerdo con el espíritu de la reforma electoral más reciente, pero no con la interpretación que le ha dado el IFE, ya que podría prestarse para perseguir a políticos y legisladores de la oposición. Por ello, adelantó que propondrá ante la Junta de Coordinación Política que se presente un recurso ante el TEPJF.
Entrevistado también en el contexto de la visita que realizan en Cuba, el presidente del Senado, Gustavo Madero, dijo que el IFE adoptó “de manera literal” la definición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las “personas políticamente expuestas, somos todos, porque la clase política y la clase gobernante, entramos en esa definición, junto con nuestros familiares, hasta en segundo grado”.
Hizo notar que está en favor de la transparencia, para que exista un control absoluto sobre el manejo de las finanzas de políticos y legisladores, sobre todo en los periodos electorales “para evitar la infiltración del dinero sucio del narcotráfico”.
Sin embargo, recalcó, lo que genera preocupación es desconocer cuáles son los criterios “para que una unidad administrativa participe de esta definición y de estas investigaciones en torno a las cuentas bancarias de los senadores”.
Algo que tendría que establecerse, dijo, es que pudieran iniciarse solamente cuando exista alguna denuncia, alguna averiguación “y no simplemente por un acuerdo político”.
El coordinador panista insistió en que buscará el diálogo y el acercamiento con los consejeros del IFE, a fin de que el asunto se clarifique y nadie se exceda en sus facultades”.
Sin embargo, si el problema continúa, el Senado recurrirá a todos los instrumentos legales a su alcance, entre ellos al tribunal electoral.
Se pedirá el retiro de los anuncios si infringen la legislación: Valdés
Niega que se revisen finanzas de personas “políticamente expuestas”
Carlos García, Mariana Chávez y Fabiola Martínez
Corresponsales y reportera
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) examina los recientes mensajes del PAN (en los cuales se adjudica como logros programas y obras del gobierno federal) y en los próximos días determinará si trasgreden la ley.
“Si se encuentra que hay violación a la legislación, se ordenarían medidas cautelares para que se retire la propaganda”, advirtió Leonardo Valdés, presidente del IFE.
En Guanajuato, el consejero presidente informó que, junto con el equipo jurídico del instituto, estudia los documentos relativos a este caso –derivado de las denuncias interpuestas por el PRI– a fin de tener conclusiones la próxima semana.
Antes, citará al representante legal del PAN, Roberto Gil, para que ofrezca pruebas que sustenten sus argumentos, en el sentido que los mensajes de ese partido no violan la normatividad en la materia.
El priísmo en Michoacán y Puebla consideran que el PAN viola la ley al adjudicarse obras del gobierno de Felipe Calderón.
Al término de la firma de un convenio de colaboración que hizo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para la organización de la elección local, Valdés precisó que se está integrando el expediente y que este fin de semana darán derecho de audiencia al representante del PAN.
“Estoy estudiando los documentos que han llegado al IFE; los abogados están haciendo un análisis profundo de toda la legislación aplicable en la materia, y a principios de la semana próxima tendré un criterio”, agregó el consejero presidente.
En noviembre de 2008, el PRI en Guanajuato presentó la referida denuncia. Valdés precisó que se inicia un procedimiento de urgente resolución porque tendrán que concluir el caso antes que inicien las precampañas, esto es, el próximo 31 de enero.
El jueves, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados acordó que pedirá al IFE que cancele la propaganda del PAN en la que se adjudica obras y acciones del gobierno federal, porque éstas violan la Constitución.
“Esta actitud de connivencia del Partido Acción Nacional con el gobierno federal, donde por supuesto el titular del Ejecutivo es militante panista, es para perturbar el proceso electoral en el que estamos, pero también sacar ventaja y quebrantar los principios de equidad”, denunció el legislador, Carlos Armando Biebrich.
En tanto, el IFE reiteró que no es la instancia para revisar cuentas bancarias de las personas políticamente expuestas y que, ante una eventual denuncia por presuntas irregularidades, sólo le correspondería dar vista a la Secretaría de Hacienda para que inicie la investigación.
Tras difundirse nuevas declaraciones de senadores en el sentido de acudir al tribunal electoral federal para combatir las medidas de fiscalización del IFE, el consejero presidente de este organismo dijo que tales acciones son producto de “un mal entendido”.
Entrevistado en Querétaro, Valdés Zurita dijo que fueron los partidos políticos y el propio instituto los que incluyeron como personas políticamente expuestas a candidatos, dirigentes de partidos y tesoreros, entre otros vinculados con los recursos gastados en campañas políticas.
Comentó que no ha conversado con el senador panista Gustavo Madero pero que en su momento lo hará “para aclarar cualquier mal entendido” acerca del llamado blindaje electoral y otras acciones de la Unidad de fiscalización.