■ Afirma ONG que la designación responde a compromisos políticos

La elección del titular de la CNDH debe ser transparente: agrupaciones

Ángeles Cruz Martínez

Los organismos públicos de derechos humanos del país carecen de la autonomía necesaria para realizar sus actividades, y debido a que la designación de sus titulares responde más a compromisos políticos, en el país tampoco existe una verdadera protección de las garantías fundamentales, afirmaron representantes de organizaciones civiles.

También exhortaron al Senado para que la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este año, se dé mediante un proceso transparente en el que se escuchen todos los puntos de vista y se elija a la persona con el mejor perfil.

En el foro Renovación de las y los ombudsman: perfil y procesos, Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, expuso la situación de los derechos humanos en México: sólo 16 de los organismos públicos gozan de autonomía plena, personalidad jurídica y patrimonio propios; nueve sólo tienen autonomía técnica de gestión y presupuestaria; seis organismos estatales gozan de autonomía en las recomendaciones que emiten.

A esto se suman los intentos por debilitar a las comisiones, incluso a nivel legislativo, como ocurrió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro. En otros casos, indicó, enfrentan obstáculos administrativos, acciones políticas y renuencia a entregarles la información que requieren para realizar sus tareas.

En el foro, convocado de cara al próximo proceso de selección del nuevo ombudsman nacional, Miguel Concha informó que desde hace más de un año y medio, diversos grupos civiles conformaron el Colectivo Relevos 2009, para monitorear, supervisar y evaluar la actuación de los organismos públicos de derechos humanos. Ahora, el objetivo es lograr que existan procesos públicos y transparentes para la elección de sus titulares y consejeros.

Refirió la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil en la creación y desarrollo de la CNDH. Ellas mismas incidieron para que la designación del titular del organismo no fuera sólo una atribución del Ejecutivo, sino que se involucrara a los legisladores y a la sociedad.

Recordó que para este fin, la ley de la CNDH prevé la realización de una “amplia auscultación” entre organizaciones sociales y organismos públicos y privados defensores de derechos humanos.

Al respecto, Gloria Ramírez, titular de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, señaló que el objetivo de los organismos no gubernamentales es evitar que se repita lo ocurrido en 2004, cuando los senadores ratificaron a José Luis Soberanes para un periodo más al frente de la CNDH, en un proceso que no tomó en cuenta a la sociedad civil.

Dijo que el ombudsman ha tenido un desempeño cuestionable por varias razones, entre otras, por haber interpuesto una acción de inconstitucionalidad en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Con ello asumió una posición contraria a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; a pesar de que México ha suscrito ordenamientos internacionales en la materia.

Ramírez también cuestionó las posiciones que la CNDH asumió en los casos de San Salvador Atenco y de la indígena Ernestina Ascencio y otros que se suman a una actitud de permanente confrontación con la sociedad civil, ante cuyas críticas, Soberanes ha respondido con la descalificación.

Nuria Marrugat, de Salud Integral para la Mujer (Sipam), planteó que entre los objetivos de las agrupaciones está que los ombudsman nacional y estatales sean realmente personas comprometidas con la defensa y protección de los derechos humanos y que su designación deje de responder a pactos entre partidos políticos o a “facturas” que se pagan con las comisiones.