■ El mandato sólo abarca los procesos ya concluidos contra el titular de la SSP federal
El IFAI ordena a la PGR dar a conocer las averiguaciones previas contra García Luna
■ Jacqueline Peschard informa que la procuraduría no ha colaborado del todo en el caso
La Procuraduría General de la República (PGR) debe hacer público el número de averiguaciones previas en que tenga carácter de indiciado el secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y los pliegos de consignación de las concluidas entre 1990 y 2008.
Así lo determinó ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en sesión plenaria, en la cual revocó la correspondiente clasificación por parte de la PGR.
Jacqueline Peschard, ponente de ese recurso (4470/08), indicó que de conformidad con lo reportado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (Siedo) de la PGR al IFAI, existe una averiguación previa abierta contra García Luna. Sin embargo, en ese caso el IFAI confirmó la clasificación por encontrarse en curso, pero ordenó a la PGR que “realice una nueva búsqueda en sus diversas unidades, sin omitir los archivos de la Dirección de Control de Averiguaciones Previas”, a fin de detectar si existen más investigaciones. En caso de que se encontrara alguna más que hubiera causado estado (es decir, que sea definitiva), se deberá entregar “versión pública del pliego de consignación”.
La resolución se aprobó por unanimidad, luego que los comisionados del IFAI observaron que tal resolución podría ser la última en ese sentido, pues una vez publicada la reforma del Congreso al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, ninguna averiguación previa, incluso las concluidas, serán públicas.
“Una vez que entre en vigor la reforma, las averiguaciones concluidas nunca serán susceptibles de acceso público. Y como una concesión graciosa de la PGR, en ciertos casos que quedan a discreción (del Ministerio Público Federal), el dictamen de no ejercicio de la acción penal podría entregarse una vez transcurrido el periodo de reserva, de uno a tres años. ¡Esto es increíble!”, destacó Alonso Gómez Robledo, consejero del IFAI.
En su ponencia, Peschard destacó que la PGR “no argumentó la prueba del daño específico” que causaría dar a conocer el número de las pesquisas abiertas, información cuya difusión “no pondría en peligro la vida, salud o la propia averiguación”.
Destacó que para el caso en cuestión no cabe el argumento de Alonso Lujambio de cuidar el nombre de una persona implicada en una indagatoria, porque sólo se aplica al “ciudadano de a pié” y no a un funcionario, menos para el titular de la SSP.
Peschard subrayó: “no tuve acceso a las averiguaciones, porque la PGR no acudió a la audiencia pública a la que se le citó para ver la información”; el IFAI sólo recibió un oficio de la Unidad de Enlace en que PGR ratificó que sólo existe una indagatoria. El comisionado Juan Pablo Guerrero recordó que la PGR “se ha caracterizado por incumplir las leyes” de transparencia, y emitió un voto particular contra “cuidar le nombre de la persona”.