■ Caso inédito, considera titular de Finanzas
Rechaza juez amparar a dueño del hotel Real del Sur
Un juez federal rechazó ayer amparar a José Rosendo Mouriño y a José Manuel Mendoza Torres, secretario del consejo de administración y administrador general, respectivamente, del hotel Real del Sur, ubicado en Tlalpan y División del Norte, que fue embargado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en diciembre pasado debido a un adeudo por casi 6 millones de pesos por el servicio de agua potable y 17 millones por el impuesto predial.
El juez decimoprimero de distrito de amparo de la ciudad de México, Jacinto Figueroa, según consta en el juicio 979/2008-IV, desechó la petición realizada por ambos quejosos de obtener la protección de la justicia federal, quienes aseguraron en su demanda de garantías que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) actuó ilegalmente en su contra.
Rosendo Mouriño es dueño de diversas empresas en el DF, entre ellas la mueblería Rosend, y a decir de algunos de sus trabajadores que pidieron el anonimato, se ostenta como familiar del recientemente fallecido Juan Camilo Mouriño.
Esta resolución judicial forma parte del litigio abierto en tribunales mexicanos, en un caso inédito, a decir del secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado.
Durante una conferencia de prensa efectuada el pasado 11 de diciembre, en la que también participó el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, Delgado indicó que “es la primera vez en la historia del Distrito Federal que se promueve un juicio penal por la comisión de un delito fiscal y obtiene un resultado favorable”.
El supuesto primo del ex secretario de Gobernación se encuentra actualmente prófugo de la justicia, ya que el juzgado 49 de lo penal giró en su contra una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal, el cual alcanza una pena de entre cinco y nueve años de prisión.
La deuda del hotel Real del Sur, cuyos dueños forman el grupo empresarial Comercializadora Sestar SA de CV, data de 1999, ya que, tras varios años de intentos infructuosos por acordar un plan de pagos, el 26 de diciembre de 2005 el Sistema de Aguas local, detectó una toma clandestina en la red secundaria de agua potable en las inmediaciones del inmueble. Días después se encontró otra conexión irregular.
El 19 de enero de 2006 se presentó la denuncia penal correspondiente, pero durante ese año y el siguiente dicha querella no prosperó, pues la autoridad ministerial determinó, en tres ocasiones, el no ejercicio de la acción penal.