■ La industria de la construcción demanda más facilidades para concretar sus proyectos
Calderón pide a empresarios vigilar el manejo eficiente del gasto público
El presidente Felipe Calderón Hinojosa convocó a los empresarios a vigilar que el gasto público se ejerza de manera oportuna y eficiente, en particular la inversión en infraestructura, a la que definió como la herramienta para detonar el desarrollo y atenuar el impacto de la crisis económica.
Al atestiguar la adhesión de la cadena productiva de la industria de la construcción al Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, el mandatario resaltó que este es el sexenio de la infraestructura y que sólo en los primeros dos años de gobierno se ha invertido o impulsado la inversión de un billón de pesos, cifra que es 1.6 veces más que lo aplicado en el mismo lapso de la administración anterior.
Resaltó que para 2009 se asignaron más de 600 mil millones de pesos de inversión pública o privada, que es el monto más elevado en la historia del país. Hasta ahora se han puesto en marcha 100 proyectos estratégicos de carreteras y sólo en 2008 se construyeron o modernizaron más de 6 mil kilómetros de carreteras y caminos.
Durante el acto, realizado en la residencia oficial de Los Pinos, los empresarios de la construcción se comprometieron a generar 350 mil empleos directos en la ejecución de las obras de infraestructura, tanto a través de obra pública como del programa de empleo temporal.
Aunque el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Humberto Armenta, reconoció la labor gubernamental para paliar los efectos de la crisis económica y se sumó al llamado de unidad planteado por Calderón, también comentó sobre las “áreas de oportunidad” que todavía existen para agilizar la ejecución de los proyectos de infraestructura.
En entrevista concedida al término de la ceremonia, el empresario planteó que a los cambios efectuados a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se podrían sumar modificaciones para la liberación de derechos de vía y a los requisitos para las manifestaciones de impacto ambiental.
Sobre los primeros explicó que la propuesta de la industria consiste en que se facilite a funcionarios la justificación del beneficio social de una obra y en ese caso, que se tengan las facultades de expropiar lo necesario para la realización del proyecto.
Sobre las manifestaciones de impacto ambiental, dijo que se debería buscar privilegiar las políticas de compensación de daños. Es decir, explicó, “si se va a dañar un mangle o una especie animal o vegetal, en lugar de detener la obra, que se obligue a la empresa a reparar el daño ecológico. De esta forma convivimos el desarrollo de los humanos con el cuidado ecológico del planeta”.
Cuestionado sobre la posibilidad de que decisiones de este tipo desaten las protestas ciudadanas y de organizaciones civiles, Armenta señaló que se debe encontrar el punto de coexistencia “entre quienes se preocupan por el medio ambiente y quienes nos preocupamos por el desarrollo de infraestructura. Es cuestión de ponerle un poco de inteligencia”, indicó.
Otros puntos comprometidos por la industria de la construcción es la ejecución de las obras con calidad, en tiempo y con costos competitivos; garantizar la oferta de productos, insumos y servicios para los proyectos; y mantener y ampliar el empleo de ingenieros, operadores y demás personal calificado.
A su vez, y luego de hacer un recuento de las obras y montos destinados a la inversión en infraestructura , Calderón Hinojosa informó que con los excedentes de ingresos, principalmente derivados del precio del petróleo en 2008, el gobierno federal puso a disposición de los estados montos cercanos a los 15 mil millones de pesos adicionales a lo que han recibido de participaciones, para proyectos de infraestructura.
Así, señaló, la participación de la industria de la construcción puede incluir el seguimiento de los proyectos que se deben realizar en las entidades federativas, y que en todos los niveles de gobierno se cumpla con el Acuerdo en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, para que se ejerza el gasto público de manera oportuna y eficiente en todo el país.