■ Señala Contraloría responsabilidad del edil
Fue ilegal la donación de predio al Tec en Atizapán
Toluca, Méx., 19 de enero. La Contraloría del Poder Legislativo del estado resolvió que el alcalde panista de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena, incurrió en responsabilidad administrativa por entregar un predio del ayuntamiento al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) sin autorización de la legislatura mexiquense, y por permitir el usufructo del terreno.
La Contraloría turnó este lunes el expediente a la Junta de Coordinación Política del Congreso local para que ésta determine si se aplica, modifica o rechaza la multa propuesta de 33 millones 400 mil pesos contra el presidente municipal.
Además se pide amonestarlo públicamente, así como a los dos síndicos y nueve regidores panistas, quienes avalaron una donación “ilegal” del terreno de 13 hectáreas, ubicado en la zona Esmeralda, una de las de mayor plusvalía de la región.
El contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, indicó que, luego de analizar el expediente, se llegó a la conclusión de que Gonzalo Alarcón violó disposiciones jurídicas al donar el terreno. Indicó que en principio el edil hizo la propuesta al cabildo de Atizapán y éste votó a favor de la donación de las 13 hectáreas para uso particular, aun cuando las donaciones –según la Ley Orgánica Municipal– deben ser para obras de interés público, pues de lo contrario hay daño al patrimonio de la comuna.
También se determinó que el alcalde es responsable de permitir la construcción y operación de una preparatoria en el terreno sin autorización de la Legislatura.
En suma, no sólo hubo una donación ilegal, sino que se permitió que un particular usufructuara un predio propiedad del ayuntamiento.
En diciembre pasado, ya con hechos consumados, 51 legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Convergencia avalaron la donación del terreno al Tecnológico de Monterrey. Los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo votaron en contra.
La última palabra la tendrán los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Congreso mexiquense, quienes decidirán si aplican la sanción propuesta por la Contraloría.