■ Fuentes federales analizan estrategias
El Ejército lucha casi en solitario contra el hampa
El fracaso de los operativos contra el crimen organizado y la necesidad de restructurarlos se debe a que los comandantes de la policía federal nunca se subordinaron al mando militar –como se acordó inicialmente–, y muchas veces protegieron a narcotraficantes, avisándoles sobre las acciones planeadas en su contra.
Fuentes del gobierno federal revelaron lo anterior, y añadieron que en el combate al narcotráfico los militares prácticamente se quedaron solos en un clima de confrontación con autoridades federales, estatales y municipales.
En consecuencia, añadieron, desde mediados de 2008 el Ejército dejó de coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR) y hoy día “cada corporación actúa por su cuenta”, por lo que se decidió elaborar una nueva estrategia en la que se valore el papel del Ejército y la Armada de México en esta lucha y se redefina la actuación de las corporaciones federales.
Los informantes recordaron que cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia, en diciembre de 2006, reportes de inteligencia militar señalaban que la herencia de Vicente Fox en seguridad era “preocupante y desastrosa”, ya que la violencia del hampa en el último año del foxismo se incrementó 323 por ciento respecto de años anteriores.
Además, se sabía de la inconformidad de los cárteles de la droga, que se quejaban de que el gobierno federal “privilegiaba” al grupo liderado por Joaquín Loaera El Chapo Guzmán.
Inconformidad que, por cierto, se ha hecho pública en los últimos meses vía mantas atribuidas a Los Zetas, los hermanos Beltrán Leyva, La Familia y al cártel de Juárez, en las que se acusa al gobierno federal de proteger a Guzmán.
En enero de 2007 el Ejército, Armada, SSP y PGR iniciaron los operativos conjuntos, tomando en cuenta los reportes de inteligencia que señalaban la necesidad de actuar de inmediato en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Baja California.
El proyecto de las acciones fue diseñado, añadieron los funcionarios, por la Secretaría de la Defensa Nacional y sería ejecutado por la SSP y PGR. La determinación geográfica en zonas, municipios y regiones del país que estaban a merced del narcotráfico.
Los patrullajes en esas zonas incluirían a todas las dependencias involucradas.
La operación in situ era comandada por un militar de alto rango, quien daba las órdenes a los comandantes de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación. Las policías estatales y municipales sólo eran coadyuvantes y no siempre participaban, para evitar filtraciones a los grupos criminales.
Sin embargo, añadieron, en los hechos, los comandantes federales no se subordinaron al mando militar; iniciaron acciones por su cuenta y pusieron en riesgo operaciones ya planeadas. Esto, sin contar la confrontación con policías estatales y municipales, que muchas veces informaban al crimen organizado sobre los operativos.
Incluso, muchos de los detenidos tuvieron que ser resguardados en las zonas militares antes de ser trasladados a la ciudad de México, porque no había colaboración de las autoridades federales del lugar ni de las estatales.
En consecuencia, desde hace más de cinco meses, cada uno actúa por su cuenta, indicaron.
Las primeras fracturas se dieron cuando el general Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda Región Militar –que abarcaba Baja California– denunció abiertamente a funcionarios de la procuraduría de esa entidad de tener nexos con la delincuencia; además de que, ante la ineficacia de la PGR para detener la violencia, fue el primer comandante en exhortar abiertamente a la población civil a denunciar anónimamente. “Nosotros sí vamos”, decía el militar.
Pero en abril pasado, el alto mando del Ejército, reconocieron fuentes consultadas, cedió a las presiones de los gobiernos federal y local y el general fue removido y designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
Meses después, la Sedena modificó unilateralmente su estrategia. En un comunicado del 29 de diciembre pasado, la dependencia reconoció que ante el clima de violencia que “se ha intensificado”, hacía un llamado a la población general, “para que de manera valiente denuncien a quienes realizan algún tipo de actividad fuera del marco legal”.