■ Expertos: en la Iglesia católica el tiempo se detuvo dos siglos
Enseñar religión en escuelas públicas “suprimirá libertad de pensamiento”
Los reclamos de los jerarcas católicos de que en el país se imponga su doctrina en las escuelas públicas de nivel básico evidencian que en esa Iglesia el tiempo se detuvo dos siglos atrás, consideraron expertos en religión y temas sociales.
Advirtieron además que, de atender esas demandas, el país podría padecer situaciones como la de Guanajuato, en la que el gobierno panista busca sancionar “conductas morales”.
En entrevista por separado, coincidieron en que dar cauce en el país al reclamo del “derecho divino” que tiene los padres de familia de educar a sus hijos, sin que sea “arrebatado” por los maestros y el Estado, es alejarse de la enseñanza laica, científica y variada que debe prevalecer en la formación de los individuos.
Josué Tinoco, especialista en identidad religiosa por la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que al menos desde hace 30 años la cúpula católica mexicana ha buscado imponer la religión en escuelas públicas del país, pero ahora buscan “cobrarle las facturas a Felipe Calderón por su apoyo a sus políticas presidenciales”.
Cuando en una nación se impone una sola forma de pensamiento religioso “se suprime la libertad de pensamiento y se considera que un pensar diferente cuestiona la existencia de Dios y no se comprende que se está cuestionando a un grupo político”, apuntó.
Llevar esa situación a los centros de enseñanza pública, como insistieron los jerarcas católicos en su Encuentro mundial de las familias, “es grave y hay que dar la lucha a nivel social y de grupos para que no ocurran acciones de ese tipo”, sostuvo.
De suceder, dijo, se atacaría a otros grupos sociales como está pasando, en pequeña escala, en Ixmiquilpan, Hidalgo, “donde es frecuente la violación a los derechos humanos de familias con creencias evangélicas”.
Para Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, experto en movimientos políticos y sociales de la Universidad Iberoamericana, el Estado debe permanecer laico y la Iglesia debe recordar que un “órgano de gobierno no se elige para representar creencias sino para asumir una representación pública y política de amplios sectores sociales, que no necesariamente son católicos.
“Tenemos que reconocer el derecho de los no creyentes y de los que tienen otras formas de creencias”, agregó.