Usted está aquí: lunes 19 de enero de 2009 Capital Demandan a la ASF investigar financiamiento federal al PAN-DF

■ Comisión de la Cámara de Diputados presume actos de corrupción y daño patrimonial

Demandan a la ASF investigar financiamiento federal al PAN-DF

■ La SRA debe entregar información sobre los proyectos aprobados y su impacto social en 2008

■ Diputados y dirigentes del PRD interpondrán denuncias contra los mandos panistas implicados

Enrique Méndez, Rocío González y Raúl Llanos

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar el presunto financiamiento, por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al Partido Acción Nacional en el Distrito Federal (PAN-DF), el año pasado.

En una carta que envió al titular de la ASF, Arturo González de Aragón, el presidente de esa comisión, Antonio Ortega Martínez, solicita indagar la triangulación de recursos a ese partido por parte de técnicos registrados ante la SRA que, al mismo tiempo, forman parte de la dirigencia panista en esta ciudad.

Mediante el oficio CVASF/LX/010/2009, fechado el 15 de enero pasado y recibido al día siguiente en la ASF, Ortega pide que se requiera a la SRA “un informe de situación excepcional respecto de los proyectos aprobados en 2008 dentro del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), específicamente los solicitados por los militantes panistas Juan Pablo Saavedera, Xareni Mendoza Fonseca, Ricardo Uribe, David Covarrubias y Erika de Anda Martínez, quienes presentaron sus proyectos por un monto de casi 7 millones de pesos para que fueran financiados por esa dependencia federal.

“Lo anterior –agrega– en virtud de la probable existencia de hechos de corrupción determinados por autoridad competente, así como por el probable daño patrimonial en contra de la SRA, ya que los antes mencionados se encuentran impedidos por ley para estar acreditados como ‘técnicos’ en el padrón de la mencionada secretaría, por ser funcionarios del PAN en el Distrito Federal”.

Planteó que la dependencia federal debe entregar un informe en el que incluya además del padrón actualizado de técnicos que tiene acreditados, así como el procedimiento para su registro y acreditación, el listado de las organizaciones sociales a las que asesoran cada uno de esos “técnicos”; la relación de los proyectos aprobados, los rechazados y los que se encuentran en trámite.

La solicitud a González de Aragón indica que la SRA entregue a la Auditoría Superior, para que pueda ser analizada por la Comisión de Vigilancia, la información sobre el presupuesto de cada uno de los proyectos aprobados, así como la evaluación, el seguimiento e impacto social que tuvo durante 2008 el Promusag.

En torno a este asunto, diputados y dirigentes del PRD capitalino promoverán al menos cuatro denuncias en contra de esos cinco mencionados líderes del PAN-DF. De acuerdo con el diputado local del PRD, Agustín Guerrero, esta semana acudirán al Instituto Electoral del DF, a la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR, a la Secretaría de la Función Pública, y a la Procuraduría de Justicia del DF para que en el ámbito de sus competencias investiguen las anomalías cometidas por los panistas, por ese partido o por los funcionarios federales responsables de esos programas.

Por otra parte, dirigentes y diputados del PRD en esta ciudad calificaron de ilegal el registro de capitalinos para integrar un padrón de beneficiarios de un programa de la Secretaría de Desarrolo Social (Sedesol) federal, y que forma parte de las “viejas prácticas” de utilizar recursos públicos en campañas electorales para favorecer al partido en el gobierno, acción por la cual también interpondrán una serie de denuncias ante las autoridades locales y federales competentes.

A esta postura se sumó el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, quien consideró que la dependencia federal debe reconsiderar ese hecho, pues todos los programas sociales y acciones de gobierno deben estar preservadas de cualquier injerencia electoral y ajustarse a las reglas que fijan los órganos en la materia y a las propias leyes que rigen a las autoridades.

 
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