■ Señala que sólo cuatro estados cuentan con disposiciones en la materia, entre ellas el DF
28 entidades carecen de ley que proteja los datos personales: María Marván
■ Seguridad nacional, orden y salud pública, únicas salvedades, precisa la comisionada del IFAI
A la fecha, sólo cuatro estados de la República cuentan con una ley que proteja los datos personales de sus habitantes, mientras que aún se encuentran en rezago el gobierno federal y 28 entidades federativas, reveló la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván.
En entrevista con La Jornada, la especialista, que ha seguido de cerca el proceso de avance en el tema, indicó que apenas en diciembre pasado fueron aprobadas en el Congreso las reformas a los artículos 16 y 73 de la Constitución, por lo cual las modificaciones tienen que pasar por las entidades federativas para que, a su vez, cada Congreso apruebe su ley respectiva.
Aunque a la fecha no ha habido un pronunciamiento, se espera que en marzo próximo al menos 16 entidades se declaren en favor de esas reformas para finalmente convertirlas en ley.
El artículo 16 señala que cada persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y a la rectificación de los mismos. Sólo hay excepciones por razones de seguridad nacional, de orden y salud pública. Por su lado, el 73 faculta al Congreso federal para que legisle sobre esos datos en posesión de particulares. Éstos, sin embargo, se han pronunciado por la “autorregulación”.
Mas, advirtió Marván, “si alguna lección nos dejó la crisis de Estados Unidos es el fracaso de la autorregulación de los sectores privados, por lo que sería muy arriesgado dejar en sus manos el manejo de datos tan delicados”, sobre todo porque abarcan aspectos financieros, crediticios, económicos y de otra índole.
Aun cuando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la primera norma en México que contempla la definición de datos personales y dedica un capítulo a su protección. Se trata de principios generales que en todo caso deben aterrizar por entidad, además de que no incluye los datos que manejan los sectores financiero, comercial y privado, sino sólo los del sector público. Esto, aunado a una serie de criterios que ha emitido el IFAI para el gobierno federal.
Marván comentó que “sería complicado pedir a los entes privados (tiendas departamentales, bancos e instituciones de crédito, almacenes, telemarketing y otros) que llevaran un buen control de sus bases de datos, por lo cual lo mejor en este caso es la emisión de una ley general que los regule”.
La ex presidenta del IFAI señaló que, en el caso de los datos personales que poseen las entidades públicas, lo más conveniente es que cada entidad federativa emita su correspondiente ley. “Es mejor así, porque los estados y municipios tienen de sus habitantes una base de datos por excelencia, contenida en el registro de automovilistas, por el pago del impuesto predial y otros.”
Entre las primeras entidades que adoptaron una ley en la materia, mencionó a Colima, Guanajuato, Tlaxcala y el Distrito Federal (DF).
Colima fue el primer estado que emitió su ley en la materia, el 21 de julio de 2003, la cual abarca la protección de los referidos datos tanto en el ámbito público como privado. Le siguió Jalisco, que lo hizo por dos vías: por su ley de transparencia, para los que están en poder de entes públicos, y para los privados lo reguló en el capítulo tercero de su Código Civil. En 2006 Guanajuato emitió su ley, sin regular a los privados aún. Luego Tlaxacala los reguló en su ley de transparencia, y por último la Asamblea Legislativa del DF emitió en agosto pasado su Ley de Protección de Datos Personales.
Necesario regular a entes privados
En un estudio de la comisionada sobre la evolución de esa ley, se destaca que la protección de los datos personales en posesión de entes privados requiere una regulación específica y distinta respecto de los datos que poseen los públicos.
A la fecha, comentó Marván, se han presentado siete iniciativas para la aprobación de una ley en la materia, de las cuales tres son del Partido Revolucionario Institucional, dos de Acción Nacional, una del Partido de la Revolución Democrática y otra de Convergencia. “Lo importante aquí es que se busque un punto medio; no beneficia una postura muy liberal como la de la iniciativa privada, ni tampoco muy conservadora como en su momento se hizo en España”, destacó.