■ El sol azteca buscará que el BdeM tenga más atribuciones; el tricolor, que baje el diesel
En la recta final diputados de PRD y PRI enfocarán sus baterías al tema económico
Las agendas legislativas de PRD y PRI en la Cámara de Diputados para el último periodo de sesiones de la actual Legislatura se enfocarán en el tema económico y en tomar medidas que eviten aún más el deterioro del gasto familiar. El sol azteca planteará ampliar las atribuciones del Banco de México para definir la política económica, y los priístas exigirán que baje el precio de los combustibles, aun cuando el año pasado aceptaron el gasolinazo.
En tanto, el PAN una vez más defenderá la agenda presidencial, y su interés principal se centrará en presionar a los otros grupos parlamentarios para que se apruebe la creación de la policía federal única, a pesar del expreso rechazo de todos los grupos parlamentarios y de algunos sectores del propio panismo a la iniciativa que, en ese sentido, envió Felipe Calderón el año pasado.
Además, en el caso del PAN y PRI, la definición de sus agendas y de las reuniones plenarias que sostendrán por separado en la última semana de este mes estarán influidas por el proceso electoral del 5 de julio.
En la definición de la sede para su reunión, el PRI ha evaluado dos ciudades: Monterrey y la capital de San Luis Potosí, y la selección dependerá de los resultados para elegir candidatos a gobernador. Los priístas elegirían San Luis si el proceso interno lo gana el diputado con licencia Jesús Ramírez Stabros.
Asimismo, la bancada panista ha elegido en principio la capital de Nuevo León, donde la disputa por la candidatura al gobierno del estado pretende sacar del proceso al alcalde Adalberto Madero Quiroga, quien ha denunciado la intervención en su contra del presidente del PAN, Germán Martínez.
En un comunicado, el coordinador priísta Emilio Gamboa Patrón aseguró que la agenda de su grupo para el último periodo de sesiones de la 60 Legislatura, que se realizará de febrero a abril próximos, “estará orientada a apoyar la economía de las familias, lo cual implica seguir insistiendo al gobierno federal para que disminuya el precio del diesel”.
Al presentar su postura, dijo: “vamos a insistir en que baje el precio del diesel para que las empresas que lo utilizan se vuelvan más competitivas, para que el autotransporte de carga y el transporte público no incrementen sus precios”.
Cuestionó la indiferencia de la Secretaría de Hacienda para bajar el precio del diesel, como lo han exigido los pescadores y productores del campo, por lo que exigió una respuesta “lo más pronto posible”; refirió que la mayoría parlamentaria coincide en reducir el costo al público “para que las empresas no vayan a cerrar fuentes de empleo y para que el transporte mantenga sus tarifas”.
Indicó que una de las propuestas del PRI será legislar para que los trabajadores que pierdan su empleo tengan garantizados los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social al menos durante seis meses.
Mientras, en entrevista, el diputado Juan Guerra Ochoa planteó que ante la crisis económica el PRD “empujará para que se tomen medidas de fondo”, como ampliar las facultades del Banco de México, “y que no sólo regule la estabilidad de la moneda y la inflación, sino que tenga la atribución, como ocurre con los bancos centrales en otros países, de contribuir con la planificación del desarrollo económico; es una propuesta a la que los círculos financieros se han opuesto y a la que, obedientemente, ha respaldado Guillermo Ortiz Martínez”.
Aseguró que el país no tiene rumbo económico, porque el gobierno de Calderón “continúa con la lógica absurda de que el mercado planifica todo y entonces la crisis nos pegará más”.
Refirió que entre los objetivos de la diputación perredista está regular las tasas de interés, aprobar las acciones colectivas de defensa del consumidor, establecer la obligación de que las adquisiciones de Petróleos Mexicanos tengan un alto componente nacional y, en los primeros días del periodo ordinario, se apruebe el dictamen de reforma constitucional que establece el referéndum y el plebiscito, que se quedó de primera lectura en el periodo anterior.