■ Prevé acuerdos con Gobernación, Sedena, Marina, SSP, Hacienda y PGR, entre otros
Prepara el IFE convenios con dependencias federales para dar seguridad en las elecciones
■ Se busca blindar los comicios para evitar que dinero del crimen organizado llegue al proceso
Una vez aprobados los cambios al reglamento de fiscalización para apuntalar el blindaje de las elecciones y por ese medio evitar que llegue a las campañas dinero del crimen organizado, el Instituto Federal Electoral (IFE) prepara convenios con dependencias del gobierno federal para la colaboración en materia de seguridad.
Aunque no hay fecha para su firma, algunos acuerdos podrían concretarse antes de la sesión de Consejo General, el próximo 29 de enero. Asimismo, diversos aspectos de dichos convenios, por tratarse de medidas relacionadas con la seguridad en la elección, podrían mantenerse en la confidencialidad entre las autoridades federales y el IFE, comentó el consejero electoral Virgilio Andrade.
En el “acuerdo por el que se establecen medidas y compromisos de partidos políticos y del propio IFE para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el proceso electoral 2009”, se estipula que se buscarán convenios de colaboración con las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, así como con la Procuraduría General de la República y los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional.
Andrade –quien encabezó las negociaciones para concretar tanto el acuerdo general alcanzado el pasado 22 de diciembre como las reformas al reglamento de fiscalización aprobadas la semana pasada– sostuvo que dichos convenios “no necesariamente estarán listos antes del arranque de las precampañas, el próximo 31 de enero”.
Explicó que en algunos casos se tratará de afinar o mejorar los términos de aquellos acuerdos vigentes, como el que se tiene firmado con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la PGR. En ese caso, dijo, podría darse una adaptación de los objetivos que ahora se tienen para evitar el ingreso del dinero del crimen a las campañas.
Andrade señaló que en otros casos, si bien se conocerán los términos generales de los convenios, podrían incluirse algunos aspectos que son confidenciales, por la propia naturaleza de la colaboración entre el IFE y las dependencias federales.
De cualquier manera, precisó el consejero, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, deberán rendir un informe de las negociaciones y los acuerdos que se alcancen con el gobierno federal durante las sesiones del Consejo General.
Sin embargo, en la pasada sesión el PAN planteó que, una vez que se lograron el acuerdo general para la seguridad de las elecciones y las reformas al reglamento de fiscalización de las finanzas partidistas, es necesario hacer extensivos sus términos a las autoridades electorales locales.
En particular, en aquellas entidades donde se habrán de renovar los poderes locales, se harían extensivos los alcances de estos acuerdos. Al respecto, Andrade subrayó que “en la medida en que se involucre más a las autoridades electorales locales, tendremos un mejor blindaje de las elecciones en general”.
El consejero electoral agregó que es necesario “que los institutos electorales coloquen sus puntos de vista y estén enterados de la agenda de seguridad de los gobiernos locales y municipales”.
Sin embargo, uno de los aspectos –como han señalado PAN y PRD– implicaría que el instituto pudiera alcanzar acuerdos de mayor colaboración, particularmente en los aspectos relacionados con la fiscalización.
En este ámbito, sólo al IFE le fue otorgada la facultad de allanar el secreto bancario y poder dar seguimiento a las operaciones financieras de los partidos, por lo que, en su caso, si algún instituto local requiere profundizar en la fiscalización de las campañas, requeriría forzosamente de la colaboración del Instituto Federal Electoral.
Andrade también se refirió a la seguridad que eventualmente se podría brindar a candidatos o partidos si existiera alguna amenaza expresa. Señaló que estos aspectos deben ser objeto de mayores análisis en función de cada uno de los casos que pudieran presentarse a lo largo de las campañas políticas.
El acuerdo general establece que los partidos podrían requerir la intermediación del IFE para lograr que las autoridades competentes –SSP, PGR o Sedena– los dotaran de seguridad especial o, en su caso, solicitarlo directamente, aunque deberán informar de la petición al instituto.