■ Busca impedir que ex alcalde contienda por una diputación, afirman
Denuncian panistas supuesta persecución de la PGJ-Chihuahua contra 9 ex funcionarios
Chihuahua, Chih., 17 de enero. Un centenar de militantes del PAN marcharon por esta ciudad y realizaron un mitin para denunciar la supuesta persecución política contra nueve funcionarios de la administración municipal capitalina 2004-2007 contra quienes la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó órdenes de aprehensión.
Los panistas partieron de la Plaza Hidalgo, frente a la sede del gobierno estatal, hasta la glorieta de Francisco Villa, situada a kilómetro y medio sobre la avenida Universidad. Durante el recorrido exigieron terminar el supuesto hostigamiento contra el ex alcalde Juan Blanco Zaldívar y la renuncia de la procuradora Patricia González, a quien acusaron de ser ineficiente para perseguir y encarcelar a “verdaderos delincuentes”.
A pesar de que la PGJE no incluyó directamente en sus acusaciones a Blanco Zaldívar, los panistas argumentaron que el gobierno estatal lo persigue porque aspira a la candidatura del PAN a la diputación federal del sexto distrito en los comicios de este año y es uno de los precandidatos a la gubernatura, que se renovará en 2010.
El grupo identificado con el ex alcalde, miembro de la organización ultraderechista Desarrollo Humano Integral AC, recordó que el martes pasado la PGJE informó que solicitó al juez cuarto penal órdenes de aprehensión contra nueve funcionarios de la pasada administración municipal, entre los que se encuentran un diputado local y dos regidores del PAN en el actual gobierno municipal.
La consignación del expediente se derivó de la revisión de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2006, efectuada por la Auditoría Superior del Congreso local, donde se detectó que el entonces alcalde y sus funcionarios proporcionaron información privilegiada a la empresa Sistemas de Ingeniería Residual SA (SIRSSA), creada ex profeso para participar en la concesión pública para obtener la licitación del manejo y reciclamiento de basura en el relleno sanitario del municipio.
En su declaración ministerial, los socios de la empresa, Armado Acosta y Ernesto Reyes, admitieron que fueron beneficiados con información sobre el contenido de las bases, que se modificaron varias veces para garantizar que SIRSSA obtendría la concesión; a cambio, el entonces alcalde solicitó aportaciones por más de cinco millones de pesos en efectivo y en especie para financiar las campañas de los candidatos del PAN a la presidencia municipal y diputados locales, entre ellos la de los ahora alcalde de la capital Carlos Borruel Baquera y diputado local Roberto Lara Rocha.
La consignación incluye a tres particulares presuntamente involucrados en los delitos de cohecho y peculado contra la administración pública.
José Reyes Baeza Terrazas, gobernador del estado, reveló que el PAN “trató de negociar en lo oscurito la investigación judicial” y aseguró que el caso es de corte estrictamente jurídico y no político, por lo que se desahogará en los tribunales.
La procuradora Patricia González aseguró que un juez será quien decida si otorga las órdenes de aprehensión solicitadas y se sujeta a proceso penal a los implicados.