Con reformas penales hay más opacidad, acusa experta
La reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que prácticamente imposibilitan en forma definitiva a los ciudadanos los expedientes de las averiguaciones previas concluidas, pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, pero lo “más grave” es que se trata de una “coartada” del gobierno federal para seguir fomentando “el autoritarismo de siempre de nuestro sistema político”, consideró la experta en temas de corrupción y transparencia Eréndira Sandoval.
El mes pasado, el Poder Legislativo aprobó un paquete de modificaciones a diversas leyes en materia de seguridad, entre ellas la de Procedimientos Penales, por lo que en la práctica los legisladores asumieron la postura de confundir la “seguridad con opacidad”, consideró Sandoval, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Puntualizó que es imprescindible rechazar las reformas y presentar alternativas más acordes con el espíritu del artículo sexto constitucional.
“Autoritarismo”
Sandoval, directora del laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y la transparencia de la UNAM, criticó que los legisladores en lugar de avanzar hacia el establecimiento de un régimen que comparta la información, incluso entre las propias agencias de investigación, “se encierre más en las prácticas de opacidad y autoritarismo”.
Con la reforma se ponen en entredicho los avances que se han alcanzado en materia de transparencia informativa y el trabajo de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, agregó.
Al respecto, el instituto ha expuesto que con la reforma los expedientes de las averiguaciones previas concluidas nunca serán susceptibles de acceso público, “con la mínima excepción del dictamen de no ejercicio de la acción penal en ciertos casos y una vez transcurrido un periodo de reserva que va de tres a 12 años, aun cuando la investigación haya concluido definitivamente”.
Acusó que, derivado de la medida, “no será posible en ningún caso conocer qué servidores públicos estuvieron a cargo de la investigación o de su promoción ante los tribunales judiciales.
“Muchas veces las tareas de investigación y persecución de los delitos tienen mejores resultados cuando hay un flujo más abierto y directo de información entre las agencias que investigan y, por supuesto, con la ciudadanía”, aseveró la experta.