■ El periodista fue arrestado ayer en la mañana y liberado en la noche

Mi detención, para que ya no hable de la corrupción en Pemex: Badillo

■ El accionista mayoritario de Zeta Gas lo demandó desde 2007 por daño moral

Gustavo Castillo y Agustín Salgado

A petición de un juez civil en Jalisco, autoridades judiciales del Distrito Federal emitieron una orden de arresto por desacato contra el periodista Miguel Badillo, por lo que ayer por la mañana elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la ciudad de México detuvieron a quien es director general de la revista Contralínea, quien permaneció retenido casi 11 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social conocido como El Torito.

“Se trata de un acto contra la libertad de expresión; lo que buscan es que no sigamos investigando la corrupción que hay en Pemex, y también está vinculado con lo que se ha indagado de la empresa Zeta Gas, que tiene intereses con Pemex”, dijo a La Jornada Miguel Badillo en entrevista telefónica, mientras permanecía detenido en El Torito, centro de retención con más de 50 años de existencia ubicado en la colonia Tacuba.

El periodista fue liberado casi a las nueve de la noche sin cumplir la orden de arresto por 36 horas emitida por el juzgado 49 de lo civil, con sede en el Distrito Federal, luego de que su defensa obtuvo un amparo contra la detención.

El subdirector de información de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), Jorge Flores, informó que el pasado 4 de diciembre se recibió un requerimiento del juez 49 para realizar el arresto.

Explicó que la ley señala como función de la Dirección General de Asuntos Jurídicos “llevar un registro y dar cumplimiento de las órdenes de arresto dictadas por autoridades jurisdiccionales y administrativas.

“Asimismo, las llamadas bases de colaboración para los servicios de protección y vigilancia, en su cláusula 16 establecen que la PBI proporcionará a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SSP-DF un número de elementos para el cumplimiento de órdenes de arresto giradas por autoridades judiciales y administrativas cuya ejecución esté a cargo de esta dependencia”, dijo el funcionario capitalino

Miguel Badillo se desempeñó como reportero de El Universal y como presidente de la Fraternidad de Reporteros –de 2000 a 2001–, desde donde impulsó la creación de Contralínea.

Su arresto ocurrió casi a las 9:50 horas al sur de la ciudad de México, cerca de su domicilio, dijo Nancy Flores, integrante de Contralínea. Informó que “la orden de detención fue emitida por el juzgado 49 de lo civil, expediente 1528/2008, en cumplimiento del exhorto hecho por el juzgado décimotercero de lo civil del primer partido judicial, con sede en Guadalajara, Jalisco, decretado en el expediente 749/2008”.

El caso se originó del juicio ordinario civil promovido por Multigás SA de CV, una de las empresas filiales de Zeta Gas, contra la publicación, Miguel Badillo y los reporteros Ana Lilia Pérez Mendoza y Abraham Rodríguez Ortega, informó Nancy Flores.

Por su parte, Badillo señaló: “nunca recibí notificación alguna; se trata de un asunto contra la libertad de expresión y la única posibilidad que tengo en este momento de salir de aquí es que mi abogado consiga un amparo, o pasaré 36 horas arrestado por un delito que no cometí”.

Aseguró que “los asuntos han sido investigados, y por ello hemos recibido amenazas, incluso de muerte, y claro que el caso está ligado con Pemex”.

Dijo haber sido aprehendido por agentes capitalinos que viajaban en dos patrullas, una de ellas la número A14-08; resaltó que llama la atención que esas unidades iban acompañadas por vehículos particulares en los que viajaban “civiles que me tomaban fotos a cada rato”, quienes no han sido identificados.

Según la revista Contralínea, el abogado Horacio Gómez detectó que el expediente por el cual se supone fue arrestado su cliente “no obra en el juzgado ni existe la orden de detención”.

El expediente aludido por los policías durante la detención estaría relacionado “con la serie de demandas y amenazas realizadas por el Grupo Zeta Gas contra Badillo y la reportera Ana Lilia Pérez (quien ya tiene orden de detención)”, informó la publicación.

De acuerdo con antecedentes judiciales, Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas, presentó las primeras demandas el 16 de agosto de 2007 ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por supuesto daño moral, con lo que se integró el expediente 757/07.

El pasado 12 de septiembre, los periodistas y la representación jurídica de Contralínea presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por “acoso judicial y amenazas de muerte” en su contra.

Entre los reportajes publicados, los cuales se presume que provocaron que Contralínea y sus integrantes sean objeto de amenazas y hostigamiento judicial se encuentra “Pemex protege al Grupo Zeta”, escrito por Ana Lilia Pérez, en el que se menciona que “en complicidad con el actual director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, los gaseros Miguel y Jesús Zaragoza se preparan para expandir su monopolio y sustituir a Pemex en el almacenamiento y distribución del energético en zonas estratégicas de distribución”.

Asimismo, el texto titulado “Acecha el Grupo Zeta ductos de Pemex”, de la misma reportera, en el que se señala: “los empresarios que apoyaron a Felipe Calderón durante su campaña electoral cobran las facturas, como el Grupo Zeta, que mantiene en Pemex una red de corrupción de funcionarios de alto nivel, entre quien está Marcos Ramírez, estratega designado por el michoacano para diseñar el programa sexenal de la paraestatal”, entre otros.

Tras la detención de Badillo, la representación jurídica de Contralínea presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la presunta retención ilegal del periodista.