■ Buscan impedir que los recursos destinados el campo sean utilizados con fines electorales
Descalifican líderes agrarios plan oficial
El campo requiere una nueva estrategia de Estado que prevea inversión productiva en ejidos y comunidades; generación de empleos productivos y permanentes en las zonas expulsoras, y creación de una reserva estratégica de granos y oleaginosas, asentó el dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández.
Al informar que la próxima semana los integrantes del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros se reunirán en Michoacán para definir las acciones que efectuarán este año para impedir el uso de los recursos destinados al campo para fines electorales, Correa Hernández comentó que el sector agropecuario está fuera de las prioridades del gobierno de Felipe Calderón, ya que el plan anticrisis que anunció lo firmó con “integrantes de estructuras añejas y poco representativas”.
Acompañado por los secretarios de Desarrollo Rural y de Organización de la CCC, Correa Hernández consideró que los 15 compromisos anunciados no tendrán repercusión en la sociedad, ya que el plan es tardío e insuficiente, y además “tiene los dados cargados a favor del panismo en el ejercicio del presupuesto... Lo que se requiere son medidas de Estado en las que se elimine la carga electorera y mediática; el campo necesita acuerdos que involucren a los Tres Poderes, a los gobiernos estatales y municipales e instituciones financieras”, dijo.
Hizo un llamado a los campesinos para que denuncien ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y ante el Instituto Federal Electoral cualquier actitud de funcionarios federales y estatales que pretendan excluirlos de los beneficios del programa especial concurrente. Agregó que en esas irregularidades han incurrido el coordinador de los programas para la mujer y apoyo a los jóvenes de la Secretaría de la Reforma Agraria en San Luis Potosí, Matilde Hernández; el secretario de Obras Públicas del gobierno de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña; el legislador José Guadalupe Ambrosio Gachuz, y la delegada de Sedeso en Veracruz, Alma Aída La Madrid.
De su lado, la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, aseguró su respaldo a la dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) María Esther Terán, para que logre una representación en el Congreso de la Unión.
En la reunión privada que sostuvo la noche del martes con integrantes de la CNPR, Paredes Rangel agradeció la lealtad de los agremiados de la organización al PRI y les ratificó el interés del instituto político en que líderes de la CNPR se sumen a las comisiones del consejo político partidista a nivel estatal y nacional.
Invitó a la dirigencia de la CNPR a aportar estructuras, cuadros y candidatos para que participen en los comicios que se avecinan, una demanda –dijo– que es más relevante especialmente en estos tiempos de crisis de alimentos.
Censuró además la apertura “indiscriminada” del sector agropecuario y dijo que el campo debe ser “una palanca de solución” en un difícil entorno social, productivo y económico de México, y calificó como “prioridad genuina y legítima para el PRI la reactivación del campo”.
A su vez, la Confederación Nacional Campesina descalificó al coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente, José Luis González Aguilera, quien “sin la autorización de la mayoría de las organizaciones de la agrupación firmó el Acuerdo Nacional para el Apoyo de las Familia y el Empleo, el cual no contiene ninguna acción a favor del campo mexicano”.
Ese líder avala la política de la Secretaría de Agricultura, que mantiene su actitud de no aceptar las modificaciones de las reglas de operación, porque pretende una candidatura a diputado por el PAN, dijo Gerardo Sánchez García, representante de la CNC ante el CAP.