Usted está aquí: martes 13 de enero de 2009 Estados Piden anular cambios sobre transparencia

Piden anular cambios sobre transparencia

Mariana Chávez (Corresponsal)

Querétaro, Qro., 12 de enero. La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de revocar algunas disposiciones de la nueva Ley de Acceso a la Información Gubernamental del estado.

El presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental (CEIG), Miguel Servín del Bosque, señaló que la ley recientemente aprobada por los diputados locales estipula que los ciudadanos deben pagar por consultar cualquier información pública y que las dependencias puedan reservarla sin pedir opinión al órgano de transparencia.

Tales disposiciones –dijo– generan opacidad y violan el artículo sexto constitucional. Por ello, la Comaip, que agrupa las comisiones de acceso a la información de todo el país, pidió a la PGR que intervenga ante la SCJN para que ésta invalide las reformas, como hizo cuando el Congreso queretano pretendió fusionar la CEIG con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las reformas a la ley de acceso a la información en Querétaro también aumentan de tres a cuatro el número de comisionados de la CEIG, pero sólo el cuarto de ellos tendrá derechos laborales y encabezará el órgano, pues los tres actuales serán “honoríficos”.

A fin de concretar la elección del comisionado ejecutivo que presidirá la CEIG, el Congreso local aprobó convocar a los interesados a registrarse para una elección en febrero, pero Servín del Bosque afirmó que la SCJN también determinará la validez de este nombramiento a petición de la PGR, dado que la Comaip y la CEIG carecen de potestades jurídicas para interponer acciones de inconstitucionalidad.

El presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental dijo tener derechos adquiridos desde que rindió protesta, como los otros dos comisionados, y la gestión de los tres concluirá en 2011.

También advirtió que la nueva normatividad propicia la corrupción, pero confió en que los legisladores respetarán los derechos de los comisionados.

 
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