Una nueva arena de la lucha campesina

Eugenio Bermejillo

Quizá con retraso, pero con particular fuerza, ha surgido en el mundo rural la demanda del ejercicio pleno del derecho a la información. Los procesos de comunicación en manos de campesinos solían no ser más que la cereza que coronaba el pastel de un proceso político o la parte publicitaria de un proyecto productivo, pero hoy se han convertido en parte sustantiva de la actividad política y del proceso de organización de campesinos e indígenas.

La capa socialmente más activa del movimiento social en el campo mexicano está buscado por vía de los medios de comunicación diversos objetivos, entre ellos presentar un nuevo perfil ante la opinión pública, ganar mercados, prestigiar lenguas maternas, promover identidades, buscar consensos, informar sobre opciones productivas, educar en el cooperativismo y capacitar para opciones orgánicas y sustentables.

En los 80s el gobierno puso en marcha programas para desarrollar esquemas de comunicación para el desarrollo rural. Con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se impulsó el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (Proderith) de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) que produjo más de 400 videos. El Instituto Nacional Indigenista (INI) puso en marcha el proyecto Transferencia de Medios Audiovisuales a Organizaciones y Comunidades Indígenas. Muchos de los recursos invertidos en estos programas terminaron en montones de videocámaras y mezcladoras arrumbadas y empolvándose, otro “cementerio del desarrollo”. Sin embargo, quedó una semilla sembrada que ahora está brotando en la parcela civil.

Esta posibilidad se ha abierto, en parte, gracias al abaratamiento de los equipos necesarios para la producción de servicios de comunicación. Se han puesto al alcance de organizaciones medianas y pequeñas. Para comprar un equipo equivalente al que usaron los programas gubernamentales de los 80s ahora se necesita una ¿quinceava… una veinteava parte?

Estas tecnologías han revolucionado sobre todo los medios audiovisuales. Los medios impresos, que por décadas aglutinaron a los movimientos sociales, han cedido espacio a nuevos instrumentos como el video y la radio. Por encima de las facilidades técnicas, estos medios se convirtieron en opción rural porque encajan con el carácter oral de las culturas de lo que Guillermo Bonfil llamó el México profundo.

En esta generación de medios de comunicación rural la radio está llamada a ser la protagonista, ningún otro medio tiene la penetración de la radio. En muchas regiones rurales la vida familiar todavía se da en torno a un radio. Pero para emisiones pensadas para la organización y la participación el protagonismo corresponde más precisamente a la radio en combinación con el internet. En una situación de escasa conectividad de la población rural, la radio constituye los caminos vecinales de la llamada supercarretera de la información y los radialistas son sus seleccionadores y reinterpretadores.

Aparte de la abrumadora cantidad de información en textos, en la web existe una creciente disponibilidad de audios que pueden ser adaptados y trasmitidos. La inmensa audioteca alojada en la red brinda materiales informativos y formativos que permiten enriquecer la programación. Van algunos ejemplos: el sistema de noticieros de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER, http://www.aler.org/) o la Radioteca (http://www.radioteca.net). En su reunión de diciembre el capítulo mexicano de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) acordó la producción de un noticiero nacional.

Esta oferta permite centrar los esfuerzos de producción de los radialistas comunitarios en materiales de interés local. Pero también se ha abierto una gama de oportunidades para subir material. Todavía la radio por internet no es una opción masiva, ni mucho menos rural, pero sí lo es subir audios sobre información, denuncia y los relativos a las áreas de especialidad de las organizaciones productoras.

Es difícil calcular el número de radios comunitarias en México. No pasan de 20 las que tienen permiso para operar y la gran mayoría carecen de él. Algunos han calculado en 300 el número de radios sin permiso. Sin embargo, muchas de éstas no pueden considerarse como comunitarias ya que simplemente son negocios de venta de publicidad que no se diferencian en su programación de las estaciones concesionadas a particulares para su explotación comercial. Por otra parte, hay un creciente número de radios ligadas a denominaciones protestantes. Particularmente en Chiapas, donde han captado un público importante y han ejercido presiones políticas para que se les permita seguir operando.

Estas cifras, nada tienen que ver con las redes que muchos de los países de Latinoamérica han logrado construir. El Estado mexicano es uno de los más restrictivos en la región en lo que se refiere a las radios comunitarias. Los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Colombia y Uruguay tienen la obligación legal de apoyar las radios comunitarias. En el caso de Uruguay, gracias a la Ley de Radios Comunitarias aprobada en diciembre de 2007, se ha reservado un tercio del espacio radial para las emisiones no comerciales. En cambio, la legislación mexicana ni siquiera contempla la figura de radio comunitaria y ha sido constante el cierre de radios y la confiscación de su equipo. Éste es, por supuesto, otro de los campos en los que los monopolios de la comunicación mexicana han hecho sentir su peso en las decisiones públicas.

La falta de reconocimiento legal no es el único problema de los medios comunitarios, quizá ni siquiera sea el más importante. Las agresiones a las radios comunitarias con permiso han sido tan o más violentas que los cierres ordenados por la autoridad correspondiente, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Es el caso de Radio Nandía, de Mazatlán de Villa de Flores de Oaxaca, que cuenta con permiso para transmitir y que ha permanecido cerrada desde agosto de 2006 por la acción de grupos caciquiles. Estos casos, como el de las radialistas asesinadas Teresa Bautista y Felícitas Martínez de la estación triqui La Voz que Rompe el Silencio tienen más que ver con el vacío del gobierno de Ulises Ruiz (interesado en manipular los conflictos a su favor, no en resolverlos) que con la situación legal de las radios.

La base de estos proyectos de comunicación es su base social e institucional: es decir qué tanto son asumidos como propios por las comunidades e instituciones campesinas e indígenas; qué tanto el “cargo” de comunicador forma parte del sistema de cargos tradicional; hasta qué punto las organizaciones rurales guían y protegen estos proyectos de comunicación.

Coordinador de la Red de Comunicadores Boca de Polen