■ El IFE busca que el manejo de recursos se realice en gran parte mediante el sistema financiero
Partidos retoman negociación para evitar que dinero ilícito ingrese a las campañas
Los partidos políticos continuarán hoy las negociaciones con el Instituto Federal Electoral (IFE) para alcanzar un acuerdo sobre las reformas al reglamento de fiscalización que apuntalen las medidas para impedir que a las campañas electorales ingrese dinero de procedencia ilícita.
La pretensión de reducir sustancialmente el uso de dinero en efectivo, ampliar el espectro de personas políticamente expuestas y mayor fiscalización a las empresas proveedoras forman el eje de la propuesta.
Tras la aprobación de un acuerdo el pasado 22 de enero, el Consejo General también avaló que una comisión de consejeros elaborara un proyecto de reformas al reglamento de fiscalización, que precise los alcances en esta materia y el cual tendría que ser aprobado el 14 de enero.
Las negociaciones se han intensificado en días recientes para tratar un acuerdo interpartidista, aunque existen diferencias particularmente entre las tres principales fuerzas políticas. El panismo ha puesto énfasis en el control del flujo en efectivo, lo cual en cierta medida está contemplado en la propuesta, en la restricción del monto de aportaciones de personas a un partido, el cual tiene un tope de 100 días de salario mínimo si se realiza en efectivo.
Asimismo, en la propuesta se restringe también el monto de los pagos en efectivo a los militantes o simpatizantes de los partidos cuando éstos realicen actividades de proselitismo. De igual manera se pretende que el IFE tenga mayor control en el reporte de viáticos de los militantes durante el proceso electoral.
La pretensión del IFE es que el grueso del manejo de recursos de los partidos durante las precampañas y campañas se realice a través del sistema financiero, lo que permite al organismo ser más efectivo en la fiscalización de los recursos.
Otro ámbito en el cual se ha trabajado para tener un mayor control corresponde a las empresas suministradoras de bienes o servicios, las cuales se pretende que puedan ser supervisadas estrechamente, si así se requiere, por la unidad de fiscalización del IFE, la cual tendrá el listado de las firmas que se involucren en las precampañas y campañas, mismas que les deberá suministrar cada uno de los partidos o coaliciones.
Para ello, esta instancia podrá requerir documentación de sus relaciones comerciales con los partidos políticos, a los cuales les suministrarán bienes o servicios. Esto permitiría tener mayor control sobre las erogaciones partidistas en el rubro donde se canalizará un porcentaje importante de los gastos de campaña, ya que en los casos en que existan sospechas de las operaciones se podrían ordenar verificaciones para corroborar la legalidad de las mismas.
Quizá uno de los aspectos más polémicos es el relacionado con las personas políticamente expuestas y la inclusión de familiares de candidatos o dirigentes hasta en segundo grado. Éstos se sumarían a los candidatos, dirigentes, responsables de los manejos financieros, coordinadores de campaña, tanto en el ámbito nacional como a escalas estatal y distrital.
Las negociaciones entre los partidos deberán quedar concluidas esta semana, con lo cual solamente quedaría pendiente que el IFE concrete los convenios con dependencias federales, como las secretarías de Gobernación, Hacienda o Defensa, para apuntalar la seguridad de los comicios del próximo 5 de julio.