Editorial
Crisis y definiciones
El gobernador del Banco de México (BdeM), Guillermo Ortiz Martínez, afirmó ayer que el programa de reactivación económica del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, es “paradójico” por cuanto implica otorgar a familias y empresas más fondos crediticios, cuando fue el exceso de crédito lo que detonó la crisis del sistema financiero, y que esto equivale a darle a un adicto “un poco más de droga para que se vaya curando”.
Debe recordarse que desde el pasado jueves el próximo mandatario estadunidense anunció un paquete de medidas para reactivar la economía de la nación vecina, basado principalmente en la reducción de distintos impuestos –entre las que destacan un descuento de mil dólares para 95 por ciento de las familias y créditos fiscales para las compañías que contraten personal adicional– e inversión en infraestructura. La decisión de lanzar estímulos fiscales –rubro que, por cierto, no fue tocado en el plan anticrisis calderonista– tiene especial sentido en un momento en que las economías de todo el mundo, y la estadunidense en particular, acusan signos de debilitamiento, y cuando la escasez de crédito otorgado por los bancos se conjunta con la necesidad de incrementar el poder adquisitivo de las personas e impulsar la generación de empleos. Indudablemente, esos incentivos tienden a elevar el déficit público, pero es de suponer que si no se tomaran medidas de ese tipo las pérdidas fiscales a consecuencia de una recesión prolongada pudieran ser mucho mayores. A las autoridades les corresponde, en todo caso, procurar que los estímulos fiscales estén bien focalizados y se apliquen a los sectores que efectivamente los necesitan.
En la circunstancia actual es indebatible la necesidad de emplear grandes sumas de recursos públicos para revertir los efectos de la crisis económica global, lo cual no implica dar “más droga” a un adicto, como sugiere Guillermo Ortiz, sino redefinir el papel del Estado en la economía tras la fracasada aplicación a pie juntillas de la ideología neoliberal, de la cual es partidario el propio titular del BdeM.
Es significativo, por lo demás, que el gobernador del banco central haya afirmado ayer mismo que sería una mala decisión que los banqueros intentaran resolver la crisis crediticia mediante el traslado del costo a los usuarios, con una alza en las tasas de interés, toda vez que él mismo ha sido uno de los principales opositores a regular y fijar topes a los costos de los servicios financieros. Tal renuencia ha permitido que las instituciones financieras que operan en el país –y que pertenecen en su mayoría a grandes consorcios trasnacionales– lo hagan bajo condiciones por demás ventajosas en comparación con las que encuentran en sus naciones de origen, y que pongan en práctica una suerte de saqueo nacional mediante el cobro de comisiones y tasas de interés exorbitantes y el envío de esos recursos a sus matrices en el extranjero. También ha propiciado que esas compañías, en su afán de obtener ganancias, incurran en prácticas –como el otorgamiento indiscriminado e irresponsable de crédito al consumo– que redundan en altos índices de endeudamiento y morosidad, agravan la actual circunstancia económica y ponen en evidencia que las autoridades no pueden limitarse a llamados a la cautela y a la sensibilidad de los bancos: necesitan regular.
El pasado miércoles, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, exhortó a “superar esta coyuntura adversa y convertirla en una oportunidad”. La invitación debiera tener eco dentro del propio círculo gobernante y hacer ver a sus funcionarios que esta crisis es una oportunidad de revertir inercias ideológicas nocivas, por arraigadas que se encuentren.