El trámite más inútil
Ya se dieron los premios a los ciudadanos que, a juicio de no sé quién, denunciaron el tramite más inútil. Un gobierno sin legitimidad transparente, sin fuerza propia y sin apoyo popular, tiene que recurrir a estos subterfugios mediáticos para aparentar que tiene las riendas del poder en sus manos y que sabe y quiere corregir errores. El resultado fue en favor de una dama que denunció como trámite más inútil, podíamos agregar también más inhumano, el laberinto que hay que recorrer para obtener del Seguro Social medicinas urgentes para los asegurados.
Otro premio fue para otra dama, que denunció el largo camino que tuvo que andar para corregir un acta de nacimiento con un nombre equivocado, esto en el Distrito Federal. Parece que los jueces no quisieron dejar a la inquieta y opositora capital sin algún premio de ineficacia.
Sin embargo, creo que fallaron los cálculos de quienes intentaron por enésima vez dañar la imagen de un gobierno que no les simpatiza, porque no se somete a las leyes de la tradicional cortesanía oficial; en efecto, la corrección de un error en un acta del Registro Civil es un proceso judicial, no administrativo, que tiene que ver con la seguridad jurídica. Para cambiar los términos equivocados o no congruentes con la realidad que aparezcan en un acta del estado civil de las personas, en todo el país, no sólo en la ciudad de México, se debe por regla general seguir un juicio y probar ante el juez la procedencia del cambio o corrección.
Ahora que volví a mi actividad de abogado postulante, uno de los primeros asuntos que atendí fue precisamente un juicio de corrección de un acta de nacimiento de una profesora cuyo nombre en el acta no coincidía con los de otros documentos de su vida laboral; acredité con documentos suficientes lo afirmado en la demanda y en dos o tres meses la sentencia quedó firme y el acta se corrigió sin mayor dilación por la oficina del Registro Civil. Pero insisto, había que meter al Distrito Federal entre las entidades de gobierno señaladas como burocráticas e ineficaces. Fue lo más que consiguieron, involucrar al Poder Judicial, cuya actuación está sujeta a trámites establecidos en un código procesal.
Si yo fuera el juez, calificaría como el trámite más inútil el reciente Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el Empleo. En mi opinión un trámite inútil es aquel en el que se gasta mucho esfuerzo y tiempo de burócratas y al final el resultado es que las cosas sigan igual, que no se remedie nada y que el gasto económico y humano no lleve a ninguna parte.
El trámite más inútil ha consistido en reunir a mucha gente (que debiera estar en sus actividades específicas) en una presentación wagneriana del acuerdo, que se leyó ante un verdadero ejército de burócratas separados de las actividades de sus respectivos cargos, haciendo viajar a muchos de ellos a México, a encontrarse con las demás decenas de burócratas de muy alto nivel entre los que estuvieron, desde luego, secretarios de Estado, gobernadores, funcionarios de pipa y anteojo, líderes sindicales, empresarios, dirigentes de cámaras de comercio y de industria y donde sólo faltaron dirigentes de las organizaciones de campesinos, barzonistas, ex braceros, indígenas, desempleados y algunos otros grupos y sectores que no fueron invitados.
No soy, por supuesto, el único que ve en este acuerdo un trámite engorroso, tardío y fallido, sino que, con distintos matices, así lo han calificado políticos destacados, prelados de la Iglesia, dirigentes sociales e intelectuales, que ven en el desplante un acto demagógico que no remedia el fondo de la situación económica del país y que lo poco bueno que tiene no es sino la repetición de propuestas que diversos grupos sociales, entre ellos los pescadores, habían ya exigido con enérgicas movilizaciones.