■ La militarización de la lucha contra el narco, un fracaso: CEDH

Abusaron soldados y policías de más de 2 mil michoacanos

■ En 20 años el gasto en fuerzas armadas se ha incrementado 2,200%

Antonio Aguilera y Ernesto Martínez (La Jornada Michoacán y corresponsal)

Morelia, Mich., 8 de enero. Durante 2008, más de 2 mil personas fueron víctimas de homicidio, tortura, violaciones, cateos ilegales, incomunicación, robo, violencia premeditada, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales por miembros del Ejército Mexicano, la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP), informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Serrato Lozano, quien destacó que la entidad es una de las más “castigadas” por los abusos policiaco-militares.

Desde el relanzamiento de la cuarta fase del Operativo Conjunto Michoacán –entidad que fue el laboratorio de prueba para la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública– se han presentado ante la CEDH 250 quejas contra soldados; sin embargo, según el ombudsman local, “los abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas han afectado a poblados enteros”.

En un informe sobre la situación de los derechos humanos en Michoacán durante 2008, Serrato Lozano destacó que en dos años de militarización de la lucha contra el narcotráfico “el crimen no ha disminuido en el país y la delincuencia ha lacerado el tejido social. La milicia no es la solución al problema”.

Por ello, consideró, “llegó la hora de que el Ejército, al menos en Michoacán, regrese a sus cuarteles”, pues las tareas policiacas no corresponden a esa institución.

El presidente de la CEDH señaló que de las 2 mil 300 quejas que recibió el organismo durante 2008, 250 señalan al Ejército Mexicano por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, robos, lesiones y tortura “en perjuicio de poblaciones enteras”.

Según Víctor Serrato, no hay razón para que el Ejército Mexicano continúe en labores policiales, pues ya se aprobaron la nueva Ley de Seguridad Pública y reformas constitucionales.

El ombudsman sostuvo que la fabricación de delitos fue una constante durante 2008.

Por otra parte, la CEDH abrió varios expedientes luego que Marco Antonio Tortajada Zamora, director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento del organismo, visitó el Centro de Integración para Adolescentes que se ubica en Morelia, en la salida a Pátzcuaro, a raíz de que la noche del martes un grupo de internos se amotinó para denunciar maltratos de algunos celadores, poco tiempo de visitas familiares y limitadas raciones de comida, entre otras anomalías.

Tortajada Zamora dijo haber encontrado jóvenes hasta de 21 años de edad a quienes la directora del centro, Lilián Fernández, no transfirió a un penal.

Además, no han concluido los trabajos de remodelación del inmueble, que debieron estar listos en febrero pasado.

Jaime Álvarez Ramos, director de Prevención y Readaptación Social, dijo que la constructora se ha retrasado.

Álvarez Ramos informó que cinco jóvenes que encabezaron el motín se encuentran en la Procuraduría de Justicia en espera de que se determine su situación.

Se multiplica el gasto en armamento y tropas

El Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz, de Estocolmo, informó que en los 20 años recientes México incrementó en 2 mil 200 por ciento su gasto militar en precios nominales, y duplicó el número de efectivos.

Al iniciarse el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-994) se destinaron a las fuerzas armadas mil 934 millones de pesos. En el gobierno de Felipe Calderón la inversión ha sido de 43 mil 152 millones.

De acuerdo con un estudio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió al menos 50 denuncias en contra de militares por homicidios, torturas, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y abusos sexuales.

Entre las entidades que más vejaciones han padecido destacan Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.