■ Archivar la causa, piden defensores del lehendakari y de la izquierda
Comienza juicio de la extrema derecha a Ibarretxe y siete dirigentes del País Vasco
Madrid, 8 de enero. El Palacio de Justicia de Bilbao era hoy un auténtico hervidero político y judicial. Su sede estaba repleta de medios y cientos de simpatizantes de los líderes políticos que se sentaron en el banquillo de los acusados: el presidente del gobierno vasco, el nacionalista Juan José Ibarretxe; los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, y los ex dirigentes de la ilegalizada coalición separatista Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Olatz Dañobeitia, Juan José Petrikorena y Rufi Etxeberria, acusados de un delito de “desobediencia” por reunirse en 2006 en el contexto del proceso de paz y podrían ser condenados a hasta cuatro años de cárcel.
Las dos asociaciones vinculadas con la extrema derecha, Dignidad y Justicia y Foro de Ermua, presentaron hace tres años querellas criminales contra esas ocho personas por su actuación en el fallido diálogo de pacificación del histórico conflicto, con la intención de depurar supuestas responsabilidades penales por intentar sentar las bases de un nuevo marco de convivencia en la región.
El Tribunal Superior de Justicia vasco admitió las querellas, con lo que se abrió la vista oral con la comparecencia de todos los acusados y los acusadores.
Mientras las defensas de los líderes socialistas y de la izquierda abertzale solicitaron el archivo de la causa y la anulación del proceso, la sorpresa de la vista previa la protagonizó el abogado que defiende al lehendakari vasco.
Hasta ahora la defensa de Ibarretxe había reclamado, al igual que los otros acusados, el archivo del proceso porque la acusación popular no tiene el respaldo de la fiscalía y no está afectada directamente del supuesto delito a juzgar.
Sin embargo, el abogado decidió anular esta petición y solicitar a cambio que siga su curso la vista oral, para “demostrar que la actuación de todos fue legítima. Queremos ganar por razones jurídicas y materiales y porque nos asiste la razón. Frente al diálogo no puede haber cárcel, sino diálogo”.
El dilema se resolverá definitivamente el próximo lunes, que será cuando los magistrados lean la resolución en que sólo caben dos posibilidades: admitir a trámites las querellas y continuar con el juicio oral, en el que están convocados desde mediadores sudafricanos y norirlandeses, premios Nobel de la Paz, dirigentes sindicales, periodistas e, incluso, la comparecencia de un funcionario de un organismo suizo al que le reclaman las actas que se habrían levantado en las reuniones que mantuvieron emisarios del Ejecutivo español, de José Luis Rodríguez Zapatero, con líderes de la organización armada vasca ETA.
La otra opción es que los magistrados anulen el proceso, con el argumento de que hay defecto de forma por carecer de la petición expresa de la fiscalía o de algún afectado de forma directa, en consonancia con la llamada “doctrina Botín”, en alusión a un proceso contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, del que fue absuelto.