“Insensibles”, empleados de SG encargados del Braceroproa
Monterrey, NL, 6 de enero. Norma Yolanda Robles Rosales, integrante de la comisión que formó el Congreso de Nuevo León para atender a miles de ex braceros que reclaman los documentos que los acreditan como trabajadores del programa binacional que rigió de 1942 a 1964, lamentó que los responsables de las mesas receptoras de la Secretaría de Gobernación estén actuando con falta de sensibilidad y criterio.
La panista expuso que los responsables de inscribir a los ex braceros para que puedan recibir los 38 mil pesos aprobados para cada uno por el Congreso de la Unión, no aceptan micas que tienen algún deterioro, aunque contengan todos los datos legibles y completos del interesado, ni las que fueron entregadas durante los primeros ocho años del programa (1942-1950), que son de mayor tamaño a las que se expidieron en años posteriores, hasta su conclusión en 1964.
La diputada comentó que pedirá a los responsables del nuevo listado que corrijan estas anomalías en las mesas receptoras para que se dé trato justo a los ex braceros y puedan cobrar el apoyo de 38 mil pesos quienes tengan derecho y puedan acreditarlo.
Despojo de documentos
Robles Rosales informó que el dirigente del sindicato de trabajadores agrícolas fronterizos de El Paso, Texas, Carlos Marentes, y la lideresa priísta de El Carmen, Nuevo León, Guadalupe Gutiérrez, quienes han sido acusados de retener miles de documentos de los ex braceros, el pasado lunes devolvieron otros 424 y ofrecieron seguir entregando otros que conservan en su poder, sin especificar la cantidad que falta ni el día en que los regresarán.
Según la Alianza Binacional Braceroproa, Marentes y Gutiérrez aún retienen al menos 10 mil documentos (micas, contratos y recibos de pago), de los que despojaron a los ex trabajadores agrícolas en 1997, supuestamente con la promesa de organizarles un museo. Unos tres mil afectados serían de Nuevo León y el resto de San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas, entre otros estados.
En días pasados, decenas de afectados causaron destrozos en un restaurante propiedad de Guadalupe Gutiérrez, cuando acudieron a exigirle la devolución de su papelería, por la que estaba exigiendo el pago de 300 a 500 pesos, pero en muchos casos sólo entregaba copias fotostáticas, que carecen de valor para la Secretaría de Gobernación.