■ La petición, en caso de que se presente, no procede, pues tiene motivos políticos: Hugo Rosas
Niega la SRE que haya recibido una solicitud para extraditar a Morett
■ Se debe tomar una decisión clara y rotunda para defender a la estudiante, dice Cuauhtémoc Sandoval
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmintió ayer que exista una solicitud de extradición de la ciudadana mexicana Lucía Morett, al tiempo que el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Alcántara Soria, afirmó que “en México no se ha recibido absolutamente nada” que tenga que ver con una petición de detención provisional con fines de extradición en contra de Morett, y puntualizó que en el país la indagatoria iniciada por terrorismo y delitos cometidos en el extranjero, se encuentra en reserva, porque no hay elementos de prueba para proceder en su contra.
En respuesta a la información hecha pública por el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, de que su país ha iniciado los trámites para la extradición de la estudiante universitaria, la SRE informó que “hasta el momento” no se ha recibido la solicitud de extradición referida.
Mientras, Alcántara Soria puntualizó que “cuando la cancillería mexicana la reciba y nos la turne, podemos hacer alguna expresión al respecto. Por lo pronto ella no tiene en México ninguna imputación jurídica que le impida moverse, desplazarse como constitucionalmente cualquier mexicano lo puede hacer”.
En entrevista con un noticiero radiofónico, Alcántara Soria señaló que en la averiguación previa iniciada a solicitud de una organización civil en contra de Morett, “no se han aportado elementos y, por otro lado, con la información que nosotros requerimos a las autoridades ecuatorianas, que no ha sido solventada, no la han respondido y nosotros tenemos la averiguación en reserva porque no hay elementos provenientes de Ecuador para poder avanzar”.
A su vez, el legislador perredista y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, aseguró que existen los canales diplomáticos y políticos con el gobierno de Rafael Correa para evitar la entrega de la estudiante universitaria a ese país.
Sostuvo que la solicitud provendría, aseguró, “de un juez corrupto y maiceado por el narcogobierno de Colombia”, y aclaró que el tratado de extradición México-Ecuador no estipula el delito de amenazas a la seguridad que argumenta el juzgador en su resolución de diciembre pasado para requerir judicialmente a Morett.
Por ello, dijo, el gobierno de México tendría que iniciar una batalla jurídico-política, en la que además se reclame el asesinato de cuatro ciudadanos mexicanos “masacrados en el bombardeo de fuerzas colombianas a un campamento de las FARC, en territorio ecuatoriano”, y asumir la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno de Álvaro Uribe por la violación a la soberanía de Ecuador.
“Necesitamos condenar que cuatro mexicanos hayan sido asesinados en ese bombardeo. Si defendemos a presos que han cometido crímenes cuestionables, comprobados con crudeza, para que no sean ejecutados en Estados Unidos, con más razón a ciudadanos mexicanos masacrados”, declaró.
Aseguró que debe partirse del hecho primario de que en el bombardeo del primero de marzo de 2008 al campamento de las FARC, hubo una violación a la soberanía por parte de Colombia. “Qué hacía Lucía ahí es un tema secundario y, en todo caso, habrá que preguntárselo a ella”, declaró el legislador, quien subrayó que la relación de su partido no es con las FARC, sino con el Polo Democrático Alternativo, que en las elecciones de octubre de 2007 ganó Bogotá, Cali y Medellín, las principales ciudades de Colombia.
El legislador perredista dijo que el gobierno de Calderón debe asumir una decisión “clara y rotunda, de defender la integridad física y moral de nuestra compatriota y la condena del asesinato de cuatro mexicanos, que es un hecho gravísimo.
A su vez, Hugo Rosas, integrante del equipo jurídico defensor de la estudiante universitaria, indicó que de existir la solicitud “no se ejecutaría”, porque el tratado de extradición entre ambas naciones “no procede tratándose de delitos políticos o hechos motivados por cuestiones de raza, religión u orientaciones ideológicas. A Lucía lo que se le imputa es un hecho político, lo que hay en su contra es una persecución de carácter político”.