Morelos: acusan a autoridades de encubrir fraude
Cuernavaca, Mor., 5 de enero. Unas 150 familias defraudadas acusaron al gobierno estatal y al ayuntamiento de Jiutepec de permanecer indiferentes ante sus demandas de justicia y de proteger a “dueños ilegítimos” e “invasores de terrenos”.
El 29 de diciembre, con armas, machetes y cohetes, los presuntos invasores impidieron que se firmara un acuerdo entre los compradores y una empresa que resultó ser dueña de los predios que éstos adquirieron en 2007.
El predio en litigio, denominado Casandra o Lomas de San Gaspar, se ubica en Jiutepec y mide 400 mil metros cuadrados.
En 2004, el arquitecto Ezequiel Montesinos y Juan Ramos Landa vendieron a decenas de familias lotes de 250 metros hasta en 30 mil pesos cada uno.
Empero, el 31 de octubre de 2007 la empresa Sidarta SA de CV, tras un litigio de dos años, acreditó ser propietaria del predio y la transacción hecha por las familias fue anulada.
Por acuerdo con los directivos de Sidarta, la gente defraudada recibiría en donación 10 mil metros cuadrados del terreno (150 por familia), y la operación se concretaría el 29 de diciembre, cuando los vendedores ilegítimos enviaron al grupo invasor e impidieron que los trabajadores de la empresa delimitaran lotes.
“Los que nos vendieron pretenden que los invasores posean la parte donada por la empresa”, dijo Vicente González Márquez, uno de los afectados.
“Nosotros queremos que el gobierno del estado y el ayuntamiento nos ayuden a concretar el acuerdo con Sidarta, pero no nos hacen caso y creemos que protegen a los invasores”, sostuvo.
Las familias defraudadas ofrecieron este lunes una conferencia de prensa para exigir a las autoridades locales y municipales que castiguen a Juan González Castillo, Duvelsa Jímenez, Abraham Castro Camacho, Cornelio Díaz Velázquez, Angélica Sotelo García, Romana Bautista y José Castillo López Bello, que impidieron la delimitación de los terrenos y apoyan a los defraudadores.
Mencionaron que en 2004 Ezequiel Montesinos y Juan Ramos Landa, quienes representaban una supuesta asociación civil llamada Frente Estatal de Operadores del Transporte Público de Morelos AC, vendieron lotes en un predio denominado Milpillas, en el poblado de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán.
Ese predio resultó tener propietario y los pobladores de Tepoztlán evitaron que se consumara la venta fraudulenta; sin embargo, sí se consumó la transacción en el predio Casandra o Lomas de San Gaspar, ubicado en el municipio de Jiutepec.