■ Retórico, que el gobierno pida a la sociedad que denuncie al crimen
Reformas al artículo 16, retroceso en materia penal, advierte especialista
Zacatecas, Zac., 5 de enero. En materia penal, el gobierno federal “está dando pasos hacia atrás, muy graves”, al impulsar y después avalar las reformas que el Congreso de la Unión aprobó para modificar el artículo 16 constitucional, así como por mantener en reserva –hasta por 12 años– las averiguaciones previas terminadas, aseguró Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En entrevista, el académico consideró “lamentable” que a los ciudadanos el presidente Felipe Calderón “nos pida confianza y que nos involucremos en el combate al crimen mediante la presentación de denuncias, cuando ellos (el gobierno) cierran la procuración de justicia; tenemos sospechas, más que fundadas, de la corrupción que existe en la Procuraduría General de la República.
“De forma retórica, el gobierno federal está haciendo llamados a los ciudadanos para que denuncien, mientras por otra parte impulsa el secretismo, la opacidad y la falta de transparencia en el ámbito central”, aseveró.
Averiguaciones previas
Lo anterior, agregó Miguel Carbonell, representa “un serio retroceso”, pues tratadistas y especialistas han llegado a la conclusión de que en el trabajo que realizan las procuradurías de justicia, federal y locales, “la averiguación previa es el corazón de la impunidad”, por su mala integración.
La respuesta del gobierno federal en estos tiempos, cuando se espera una evolución y mejora en el sistema de administración y procuración de justicia, “no puede ser en el sentido de cerrar las averiguaciones previas”, apuntó.
Por ello, ahondó, a propósito de la denominada Operación Limpieza que el gobierno federal ha emprendido, el “secretismo” en dichos procedimientos seguirá beneficiando a los delincuentes, pues este ocultamiento representa una ventaja, sobre todo para los miembros del crimen organizado y los vínculos de corrupción que tienen con algunas esferas del gobierno y funcionarios.
Asimismo, el investigador de la UNAM lanzó desde Zacatecas –donde este lunes arrancaron los juicios orales– “un llamado a la Federación para que se incorpore al cambio de la justicia penal que ya realizan algunos estados de la República”.
El también miembro del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adelantó a La Jornada que esta semana pedirá al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, que interponga una “acción de inconstitucionalidad” contra dichas reformas, para que las revierta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Felipe Borrego Estrada, secretario técnico para la aplicación de las reformas constitucionales en seguridad y justicia, acudió a Zacatecas en representación de Calderón para poner en marcha los juicios orales en la entidad, y aplaudió las modificaciones legislativas, derivadas de la “propuesta integral del Presidente de la República”, que “revolucionan la forma y el fondo de hacer justicia”.