■ Se apropiaron de bienes de los desaparecidos, la acusación
Ordena juez argentino nuevos arrestos de ex represores de la pasada dictadura
Buenos Aires, 3 de enero. En el último día de 2008, el juez Sergio Torres ordenó nuevos arrestos de los ex marinos Jorge Tigre Acosta, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velazco, Alberto González y Jorge Carlos Rádice, acusados de la apropiación de bienes de desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), uno de los mayores centros clandestinos de detención de la pasada dictadura.
Estos represores de la pasada dictadura también están acusados en diversas causas por otros crímenes de lesa humanidad.
Además, el ex agente Julio Cirino, quien perteneció al batallón 601 de inteligencia del ejército, famoso por su intervención junto a la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la guerra encubierta contra la Nicaragua sandinista desde Honduras en los años 80, fue procesado por la desaparición de cinco jóvenes.
Cirino aparecía como “analista internacional” experto en temas de “contraterrorismo”, lo que es muy común en personajes de inteligencia de la pasada dictadura, y también pertenecía a la Fundación Pensar junto a varios integrantes de la derechista Propuesta Republicana, cuyo líder máximo es Mauricio Macri, intendente de la ciudad de Buenos Aires.
Cinco diputados nacionales de Propuesta Republicana y tres figuras de su gabinete están en la Fundación Pensar, ligada a la National Endowment Foundation, considerada la “cara social” de la CIA, la que además es investigada en el propio Congreso de Estados Unidos por sus intervenciones en naciones como Bolivia.
Cirino aparece como Jorge Contreras en documentos desclasificados en Estados Unidos, quien en conversaciones en la embajada de ese país hablaba de su relación con los centros clandestinos de detención y anticipaba que los detenidos no iban a aparecer más.
Después de 30 años, finalmente el juez federal Ariel Lijo dispuso su prisión preventiva a pesar de que intentó desligarse de la acusación y dijo que era analista de informes, que en esos tiempos se obtenían mediante las torturas.
Cirino fue procesado por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli y Ricardo Marcos Zuker, plagiados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980. Éstos eran del grupo de exiliados de la organización Montoneros que decidieron retornar para realizar una “contraofensiva” contra la dictadura.
Evidentemente existió una infiltración ya que la mayoría de los que regresaron están desaparecidos, muchos de ellos incluso en algunos países “de paso”.
Poco más de un año atrás –diciembre de 2007– Lijo condenó por secuestros en estos casos al general Cristino Nicolaides, a los coroneles Waldo Carmen Roldán, Pascual Guerrieri, Carlos Gustavo Fontana, Jorge Luis Arias Duval, Juan Carlos Gualco y Santiago Manuel Hoya (quien falleció por esos días), y al policía Julio Simón, alias Turco Julián, con penas de prisión de 20 a 25 años.
En el caso de los apropiadores de bienes de detenidos desaparecidos en la Esma, los marinos se habían quedado con compañías y tierras tras obligar a firmar traspasos o ventas falsas bajo torturas, entre otros, a Omar Masera Pincolini, Victorio Cerutti y Horacio Palma.
En el expediente surgió que el grupo de tareas de la Esma ya tenía previsto en este caso apoderarse de la Sociedad Cerro Largo, que pasó a sus manos bajo el nombre de Sociedad Willri.
Se comprobó, por ejemplo, que actuaron bajo los nombres supuestos de Juan Héctor Ríos (era Rádice) o Federico Williams (el ex marino Francis Whamond).
En varios casos los militares se apoderaron de niños nacidos en cautiverio, casas, bienes y empresas de desaparecidos, que luego pusieron a sus nombres.