■ Desde septiembre debió dictaminar minuta de San Lázaro sobre la Ley del Seguro Social

Frenan empresarios en el Senado reforma que busca regular las subcontrataciones

■ La Concamin pidió detener “permanentemente” la propuesta

■ De nada sirvieron llamados del instituto

Andrea Becerril

Las fuertes presiones de los organismos empresariales y patronales del país consiguieron frenar en el Senado las reformas aprobadas en abril pasado por la Cámara de Diputados para regular la subcontratación de trabajadores, a fin de evitar que se les explote y se les obligue a laborar sin los derechos mínimos establecidos en la Constitución.

Las modificaciones a la Ley del Seguro Social, por las que se obliga a las empresas a ser “responsables solidarias” hacia los empleados que les presten servicios por medio de contratistas, quedaron congeladas en Xicoténcatl desde el pasado 30 de julio, cuando las comisiones dictaminadoras se reunieron con los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las cámaras industriales y representantes de las maquiladoras y de trasnacionales que operan en México.

En ese encuentro, los empresarios expresaron “rechazo absoluto” a que se aprobara la minuta proveniente de San Lázaro, que busca impedir que con la subcontratación, conocida como outsourcing, se permita mantener al personal con salarios bajos, sin seguridad social ni Infonavit. Argumentaron que tal modificación “traerá complicaciones a las empresas, les impedirá ser competitivas y las llevará a la quiebra”. Incluso amenazaron con interponer amparos.

Durante la reunión se hizo público que días antes la dirigencia de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) envió una carta a los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado, en la que les solicitó “detener permanentemente” la minuta.

En sentido contrario, en nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mario Insúa demandó a los senadores aprobar en sus términos la iniciativa del diputado cetemista Patricio Flores –aprobada en San Lázaro con el aval de todas las fuerzas políticas, el 4 de abril del año que apenas terminó–, “ya que está encaminada a la defensa de los derechos de los trabajadores”, dijo.

El funcionario pidió “respetuosamente” a los senadores poner un plazo específico para dictaminar la minuta, de modo que el trámite no se alargara indefinidamente, y dejó claro que un año antes, cuando se discutió la iniciativa en San Lázaro, solicitó a los mismos dirigentes del sector privado presentar por escrito sus críticas.

Los presidentes de las comisiones de Seguridad Social y de Hacienda, los panistas Guillerno Anaya Llamas y José Isabel Trejo, argumentaron que no podían comprometerse a señalar “fechas fatales”, porque “luego se complican las negociaciones, se llega el plazo y, al no concluir el trabajo legislativo, sobreviene la polémica”, pero prometieron que acelerarían los trabajos para que al empezar el siguiente periodo de sesiones –en septiembre– tuvieran ya listo el dictamen.

Sin embargo, pasaron los meses y al concluir el periodo, el pasado 11 de diciembre, tanto Anaya como Trejo reconocieron que el tema se complicó y quedó pendiente hasta febrero de 2009, ya que recibieron infinidad de solicitudes de audiencia de todos los sectores productivos.

La realidad es que los cabildeos de los organismos empresariales se multiplicaron y se concretó la petición de Concamin de congelar la minuta. En la reunión de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, el director general del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Miguel Pando, descalificó la minuta, ya que “fue aprobada en condiciones peculiares”, cuando estaba tomada la tribuna de la Cámara de Diputados –por los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), que se oponían al albazo de la reforma privatizadora de Pemex– “y por ello no pudimos plantear nuestras preocupaciones”.

Sin proporcionar datos duros, Pando insistió en que la aprobación de la minuta traería “costos administrativos para las empresas que afectarían la competitividad”, y que además no ayudaría a “contrarrestar a las compañías que, escudadas en la subcontratación de servicios externos, realizan acciones de corte fraudulento”.

Igualmente, Mario Mejía, presidente de la comisión fiscal de Concamin, se quejó de que además de la carga impositiva que ya tienen, se les obligara a dar “informaciones mensuales a la Secretaría de Hacienda y al IMSS” sobre los empleados que laboran para sus empresas, pero contratados por una tercera.

Guillermo Gutiérrez, de la Cámara Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, expuso que ésta agrupa a más de 6 mil 100 empresas, con 2 millones 400 mil trabajadores, la mayoría subcontratados por terceras “debidamenmte constituídas”, por lo que pidió al IMSS que “se enfoque” en las que evaden al fisco. “La responsabilidad solidaria es a todas luces improcedente”, dijo, y destacó que los asalariados temporales tienen la posibilidad de convertirse en empleados permanentes.

En el encuentro habló también la representación del Consejo de Empleados Globales, integrado por 40 trasnacionales “que tienen ya muchos años de existencia” en México.

Sostuvo que la reforma es “anticonstitucional” y advirtió a los senadores que no tiene caso llenar los juzgados con 15 o 20 mil amparos, por lo que les pidió proteger los intereses de las empresas.

Muchos otros dirigentes del sector privado repitieron el mismo discurso e insistieron en que la carga administrativa que representan las reformas a la Ley del Seguro Social podría “llevar a la quiebra” a las compañías.

El funcionario del IMSS les respondió que eso “es una exageración, ya que lo que tienen que presentar al instituto es el nombre completo del trabajador, su registro federal de contribuyentes, el número de seguridad social y los días laborados”.

El senador priísta Heladio Ramírez también rebatió dichos argumentos: “la competitividad a costa de las desigualdades es muy discutible, y el desarrollo basado en la explotación de la gente ya lo superamos hace un siglo; justamente por eso se dieron los movimientos sociales y las leyes, y por eso se creó el IMSS”.

Fue la única discusión, ya que la minuta, como demandó Concamin a los coordinadores de PRI, PAN y PRD, se congeló.

Hace poco llegó al Senado una resolución del Parlamento Latinoamericano para detener la “precarización laboral” y regular, “con la ley en la mano, los procesos de subcontratación e intermediación laboral, que se identifican con el anglicismo del outsourcing.

“Ese esquema –añadió– ha proliferado en el continente y en la mayoría de las naciones ha dado como resultado el deterioro de la seguridad social para el trabajador”.