■ Opera en por lo menos 4 delegaciones: funcionaria de Coyoacán
Bufete gestiona amparos para antros irregulares y obstruir verificaciones
■ Declara como su domicilio una fonda en la colonia Nápoles, señala
Conocidos como los abogados de Pensilvania, se dedican a dar asesoría legal a los propietarios de establecimientos mercantiles con giros como bares, restaurantes y cantinas, entre otros, para que por medio de amparos puedan operar sin licencia de funcionamiento, certificado de uso de suelo o en un espacio mayor al declarado y evitar el mayor tiempo posible la clausura definitiva del negocio.
Este bufete declara como su domicilio una fonda ubicada en el número 312 de la calle Pensilvania, en la colonia Nápoles, y tan sólo en la delegación Coyoacán representan a más de una docena de establecimientos que han sido clausurados por las autoridades delegacionales, pero que gracias a los amparos que tramitan y “a que estos litigantes son muy avezados en la materia”, continúan funcionando con diversas irregularidades.
“Lo que buscan evitar el mayor tiempo posible es la clausura permanente, ya que son procesos que duran muchos meses e incluso años, porque interponen varios recursos, aunque finalmente se desisten porque no pueden acreditar su legal funcionamiento”, explicó la directora de Jurídico y Gobierno de la citada demarcación, Montserrat Sagarra Paramont.
Los abogados de Pensilvania, que también operan en delegaciones como Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, “se inventan suspensiones de actividades, falsificando documentos y firmas de funcionarios, cuando calculan que les viene una verificación, y así tener un argumento para ampararse y alargar el tiempo de funcionamiento del negocio”, dijo la servidora pública.
Según Sagarra Paramont, durante 2008 las autoridades de Coyoacán realizaron 435 visitas de verificación que derivaron en 144 clausuras por diversas irregularidades, como falta de programa de protección civil, de estacionamiento, licencia de funcionamiento, certificado de uso de suelo, declaración de apertura u ocupar una superficie mayor a la declarada.
Entre los establecimientos clausurados 17 son bares, 29 restaurantes, cuatro salones de fiestas, dos discotecas y 36 cervecerías, de los cuales nueve fueron cerrados de manera definitiva, ya que no pudieron subsanar las irregularidades.
Sin embargo, estos establecimientos se han amparado o interpuesto un juicio de nulidad, por lo que en la mayoría de los casos los jueces o magistrados les otorgan una suspensión provisional, con la que pueden seguir operando.
Algunos de estos negocios, como el bar La Casa del Abuelo y los restaurantes Salerno y Dao –a este último un tribunal colegiado le otorgó la suspensión provisional, por lo que el 31 de marzo del año pasado se le retiraron los sellos de clausura, a pesar de no contar con el certificado de uso de suelo– realizan los procesos con documentación falsa, razón por la cual la delegación ha interpuesto demandas penales ante la Procuraduría General de la República, subrayó Montserrat Sagarra.
Indicó que algunos de estos abogados han sido identificados como Elías Manrique Quesada del Valle, Fernando Ríos Guzmán y Sergio Martínez Estrada, que en el caso de Coyoacán son a los que los propietarios de estos establecimientos designan para ser notificados de los procedimientos.