■ Productos y servicios en estos lugares se venden mucho más caros que en cualquier otro lugar
Propone PRD vigilar precios en terminales de autobuses, aeropuertos y carreteras
Es necesario instaurar medidas de vigilancia y sanciones a los propietarios de las tiendas, restaurantes y talleres establecidos en centrales de autobuses, aeropuertos y carreteras del país que excedan o alteren los precios de los productos o servicios, señaló el diputado federal del PRD Rafael Villicaña García.
Añadió que es común encontrar que en esos establecimientos mercantiles no se respeta el precio vigente de los productos o servicios que expenden o prestan, “aprovechándose de la urgencia de quien requiere de ellos y no puede darse el lujo de comparar costos.
“Cómo es posible que una botella de agua de un litro normalmente cueste siete pesos, y en los sitios a que hago referencia su precio es hasta de 20 pesos; esto por mencionar un ejemplo, pero ningún artículo se escapa de ser encarecido”, advirtió.
En un punto de acuerdo presentado al pleno, Villicaña García enfatizó que “tal pareciera que estos lugares son zonas económicas donde todo se paga a costo de lujo, donde no existe regulación en esta materia, más que el afán desmedido de lucrar”.
Refirió que es preciso que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, establezca medidas de vigilancia y sanciones.
El legislador puntualizó que la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 7, estipula que “todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes a persona alguna”.
Mientras, el artículo 8 atribuye a la Procuraduría Federal del Consumidor la facultad de verificar que se respeten los precios máximos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinadas por las autoridades competentes, afirmó.
Destacó la precaria situación económica por la que pasan millones de familias mexicanas, donde la falta de empleo, la perdida del poder adquisitivo y los constantes aumentos a los combustibles hacen cada vez mas difícil la posibilidad de viajar.
Aunados a lo anterior, se presentan necesidades y contratiempos que “el viajero tendrá que soportar a costa de su bolsillo, pues por todo hay que pagar: por beber agua u otro líquido, por comer, por usar el sanitario, y el precio de estos productos y servicios no siempre es el más justo”.