■ 2008 fue “atroz” para Guerrero; hubo graves violaciones a derechos humanos, asegura
Fracasa política gubernamental de lucha contra el crimen organizado, señala ONG
■ Ese combate “se ha emprendido a costa de la vida de los mismos soldados”, expresa
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El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó la participación del Ejército en el combate al tráfico de drogas. Señaló que es necesario “analizar lo que pasa dentro de las fuerzas armadas, debido a que hay decisiones que quedan en la opacidad”. En la imagen, militares y policías –federales, estatales y municipales– que se enfrentaron ayer en Torreón, Coahuila, contra sicarios que los atacaron con cuernos de chivo y granadas de fragmentación
Foto: Notimex
El año recién concluido ha sido “atroz” para Guerrero, consideró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y afirmó que la violencia en la entidad evidenció “el fracaso” de las políticas para el combate al crimen organizado puestas en marcha por el gobierno de Felipe Calderón, apoyadas por fuerzas castrenses.
“Se ha comprado muy cara la idea de que la utilización del Ejército en el combate a las drogas es la única fórmula para enfrentar los estragos de este mal del tercer milenio”, indicó la organización no gubernamental (ONG) en un balance con motivo del final de 2008.
De acuerdo con la agrupación civil, la reciente ejecución y decapitación de siete militares en Chilpancingo, Guerrero, son un “fuerte” llamado a las autoridades gubernamentales para que revisen el proceso de militarización del país.
Dicho proceso, añadió la ONG, “se ha emprendido a costa de la vida de los mismos soldados y a costa de los severos daños que se ha ocasionado a la sociedad, que en Guerrero se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos.
“También es un llamado muy fuerte para analizar lo que está pasando realmente dentro de las fuerzas armadas, debido a que hay decisiones que quedan en la opacidad porque no existen sistemas de control interno que transparenten las actuaciones del instituto armado; tampoco hay sanciones ejemplares para quienes, de manera impune, transitan entre el campo del poder y el ámbito delincuencial”, abundó.
En su recuento, el organismo precisó que los 215 casos locales que documentó sobre la “criminalización de la protesta” son un claro termómetro de cómo el gobierno estatal perredista carece de sensibilidad y compromiso para buscar acercarse al movimiento social y acompañar la lucha de los sectores empobrecidos.
“Es visible su desdibujamiento político, que evidencia su obsesión por el poder, sus ambiciones cortoplacistas y su visión utilitarista de la política, que queda muy lejos de los sueños democráticos del pueblo de Guerrero”, señaló.
Insistió en que en la entidad y el país “siguen creciendo” la espiral de violencia y el ambiente de inseguridad; pero, agregó, “lo preocupante es que el gobierno avanza en línea opuesta al movimiento social, por su alineamiento a las políticas privatizadoras”, aplicadas en detrimento del sector indígena y campesino.