■ El PRD advirtió en el Senado que es violatoria de derechos humanos

Ignoró Calderón señalamientos y firmó la ley de seguridad pública

■ Define bases de coordinación entre los gobiernos para combatir el crimen

Ángeles Cruz Martínez

Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual define las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el combate a la criminalidad, además de que formaliza la regulación de las estructuras de prevención y combate del delito.

La ley establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será encabezado por el presidente de la República, lo que antes hacía el titular de la Secretaría de Gobernación.

Ahora el titular de esta dependencia, los secretarios de Seguridad Pública federal, Defensa Nacional y Marina, el procurador general de la República, los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública forman parte del consejo y podrán invitar a representantes de la sociedad civil para que expongan experiencias y conocimientos que contribuyan a los fines en la materia.

Los Pinos informó ayer que el presidente Felipe Calderón firmó la ley aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 9 de diciembre, a pesar de los señalamientos del senador perredista Ricardo Monreal respecto de que contiene disposiciones “violatorias” de los derechos humanos, las cuales, además, se contraponen con la miscelánea penal, pues se asigna a los agentes policiacos facultades que competen al Ministerio Público.

El legislador también destacó ante el pleno del Senado que con la participación de las fuerzas armadas en un órgano civil, en este caso el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se violenta la Constitución.

El nuevo ordenamiento señala como atribuciones del consejo promover la aplicación de políticas en materia de atención a víctimas del delito, la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas en la materia.

Respecto al secretariado ejecutivo del sistema, plantea que tendrá autonomía técnica de gestión y presupuestal, y para el ejercicio de sus funciones contará con los centros nacionales de Información, de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación.

Se crea el Centro Nacional de Información, el cual se encargará de diseñar, administrar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal, así como de homologar, bajo criterios técnicos, las bases de datos del sistema.

También se regula el Sistema Único de Información Criminal, que incluye la base nacional de datos sobre probables responsables de delitos, indiciados, procesados o sentenciados, la que, además, es de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública. Incluye los antecedentes criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación de los delincuentes, entre otros.

Otro aspecto que incorpora la nueva ley es el funcionamiento de los centros nacionales de Acreditación y Control de Confianza y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como las bases del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial, como parte de los instrumentos con que se pretende garantizar la confiabilidad de los integrantes de los cuerpos policiacos y el desarrollo de acciones específicas encaminadas a reducir la criminalidad en los tres niveles de gobierno.