■ Falso que se haya mermado el poderío económico de criminales, dice
Las decapitaciones, mensaje directo para el Presidente, afirma Soberanes
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, aseveró que la ejecución y decapitación de ocho militares ocurrida hace unos días en Guerrero “son una afrenta directa al presidente Felipe Calderón”. Esta acción, sostuvo, es una llamada de atención al Ejecutivo “para que modifique la estrategia en materia de seguridad pública que ha seguido hasta hoy, que ha sido un fracaso”.
El ombudsman nacional afirmó que “los asesinatos de esta pobre gente son un llamado muy fuerte al gobierno de la República en el sentido de que la estrategia seguida hasta hoy no funciona y va de mal en peor. El presidente Calderón está perdiendo la guerra con el crimen organizado”.
El titular de la CNDH indicó: “es innegable que el Ejecutivo tiene que hacer un replanteamiento total de su estrategia. Se tienen que cambiar las cosas, porque así no podemos seguir. Las ejecuciones y la decapitación de ocho militares son una afrenta al propio Presidente de la República. Porque no nada más los mataron, sino que los decapitaron y les dejaron un mensaje; no fue una señal para el Ejército, fue un mensaje directo al Presidente de la República, y aunque se nos dice que las ejecuciones son ajustes de cuentas entre las bandas del narcotráfico, lo cierto es que lejos de disminuir se incrementan”.
–Dijo el presidente Felipe Calderón que el atentado fue producto de la desesperación, porque en esta guerra el Ejército ha mermado el poderío económico del narcotráfico...
–Eso no es real. No es cierto: si así fuera, el número de ejecuciones no habría aumentado, sino que disminuiría, y lo evidente es que no es así. De enero de 2006 al 30 de noviembre de este año van 10 mil 500 ejecuciones, y sólo en este año 5 mil 500.
El presidente de la CNDH insistió: “la utilización de los militares en las operaciones contra el narcotráfico hasta ahora no presentan resultados alentadores. Lo que hemos visto es que las estrategias seguidas han resultado ineficaces, incluidas las fuerzas armadas, que han sido puestas a realizar tareas de seguridad pública”.
Soberanes Fernández apuntó que de continuar la situación como va, el próximo año se podría agravar, porque “esto ya es una guerra donde están involucrados prácticamente todos los estados del país, desde Baja California hasta Yucatán. De continuar, no sé adónde vamos a dar”.
Abundó: “hace unas semanas presenté el segundo Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho Fundamental a la Seguridad Pública de nuestro país, y ahí señalo que ante la violencia presente es necesario que se adopten nuevas estrategias, porque las que se han seguido hasta hoy son ineficaces.
“No ha importado que se hayan asignado mayores recursos, miles de millones de pesos, que se hayan creado ambiciosos planes y programas de gobierno, el endurecimiento de penas, reformas legales, incluso la militarización, pese a todo ello el problema no se resuelve”.
El ombudsman nacional resaltó que la situación que hoy se vive en el país, no es producto sólo de este gobierno: “se fue forjando durante muchos años atrás, esto ya se veía venir desde hace 15 años; se hicieron reformas penales y de justicia, lo malo es que no sirvieron”.
Añadió que el empleo de los miembros de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, aunado al impulso de las reformas legislativas que implican “el adelgazamiento y flexibilización de los derechos fundamentales, así como el establecimiento de regímenes de excepción, están generando la conformación de nuevas circunstancias en materia de seguridad pública que, de no regularse, habrán de generar un abuso de poder”.